El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Torrevieja, Eduardo Dolón, acompañado por las ediles Agustina Esteve, Rosario Martinez y Inmaculada Montesinos, entre otros miembros del PP, escenificó en la fachada del Palacio de Justicia la presentación formal la denuncia que los populares han bautizado como el «Caso Bien 61». La denuncia señala dos supuestas irregularidades en el acuerdo de prórroga avalado por la junta de gobierno con el parque acuático. En primer lugar, la modificación del contrato para permitir la prórroga sin liquidar el anterior que expiraba este mes de febrero de 2017, tras 30 años de vigencia, y en segundo lugar, y en especial, la supuesta infravaloración de los terrenos municipales en los que se desarrolla la actividad. El escrito indica como supuestos responsables, en especial, al alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes) y a la edil de Urbanismo y Turismo, Fanny Serrano (PSOE); la junta de gobierno que validó el acuerdo en mayo,y de forma implícita, a los técnicos que elaboraron el informe. A criterio de los servicios jurídicos del PP se puede derivar de la actuación de los políticos -y los técnicos- en este asunto supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, administración desleal, exacción ilegal, y fraude.

Los técnicos, no los políticos, valoraron 75.000 m2 de propiedad municipal, en 4 millones de euros, al considerar la mayor parte de las edificaciones construidas en 30 años-piscinas, atracciones, restaurantes... como «desmontables»-. El valor catastral del mismo bien es de 23 millones. Con esa valoración de 4 millones, se ha establecido un canon anual a aportar por Parques Reunidos de 240.000 euros anuales durante 15 años. El PP asegura que el municipio debería ingresar mucho más si el cálculo fuera el habitual, hasta dos millones más como mínimo, durante 15 años. El gobierno recuerda que quintuplica el que recibía el Ayuntamiento hasta el nuevo acuerdo y durante 30 años que se limitaba a 40.000 euros.

Eduardo Dolón explicó que al transcurrir cuatro días desde el anuncio público de las posibles irregularidades en el contrato patrimonial más importante «en la historia» del municipio y «viendo que el máximo responsable del Ayuntamiento no ha puesto en conocimiento judicial estos hechos», es el PP quien presentó la denuncia en el juzgado de guardia ayer, por unos hechos que consideramos tienen indicios penales con delitos relacionados con presunta corrupción», según aseguró subrayó. «No me produce ningún tipo de satisfacción tener que venir al juzgado -mantuvo el portavoz -. Es algo que hago porque es mi obligación, teniendo conocimiento de los hechos, ponerlos en conocimiento de la justicia».

El PP quiso recordar que «independientemente de las consecuencias judiciales, el Ayuntamiento va a dejar de percibir una cantidad de ingresos enorme, causando un daño terrible a la hacienda municipal. Al gobierno de los recortes y la pérdida de subvenciones ahora se le ha unido el gobierno que aparentemente regala una parte del patrimonio de todos los torrevejenses durante nada más y nada menos que 15 años de un modo que da pie a algo más que una sospecha razonada».

Dolón reiteró, de nuevo, su llamamiento tanto a Ciudadanos como a Sueña Torrevieja -cuyos ediles aprobaron el acuerdo en junta de gobierno-, destacando que ambas formaciones políticas tienen conocimiento de la situación con carácter previo a la presentación de la denuncia, señalando que «deberían explicar su posición política de continuar permitiendo que Torrevieja siga gobernada por este cuatripartito que no defiende los intereses de los torrevejenses».

Ninguno con reparos

En el expediente para conformar la prórroga figuran informes de la interventora municipal, una técnico de turismo, una arquitecto y la secretaria general del pleno. Todos sin reparo a la valoración de los terrenos para fijar el canon de arrendamiento. La fedataria pública es además la que valida que el contrato se pudiera someter una prórroga sin mediar más trámites. El alquiler que regía la relación entre el explotador del parque acuático, Parques Reunidos, y el Ayuntamiento, como propietario del suelo, sí indicaba que una vez liquidado las instalaciones pasaban a manos municipales. Algo que no ha sucedido porque se ha tramitado una prórroga antes de que concluyera el contrato. El alcalde José Manuel Dolón y la edil Fanny Serrano van a presentar sendas querellas a raíz de las acusaciones públicas realizadas por EduardoDolón.