Dos testigos refrendaron ayer con su declaración en el juzgado buena parte de los extremos de la denuncia del Partido Popular contra el alcalde, José Joaquín Moya, por un presunto delito contra los derechos cívicos por negar información municipal pública.
Los dos testigos, citados por la acusación, aseguraron ante la juez de la sala de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Orihuela, que el secretario municipal, les emplazó para negarles un informe público una orden dada por el alcalde José Joaquín Moya, imputado por este procedimiento y que ya ha declarado por este asunto. En concreto los testigos solicitaban una documentación anunciada como pública por el Boletín Oficial de la Provincia sobre la liquidación de las cuentas locales de 2004. El PP presentó esta acción legal en junio de 2006 asegurando que el primer edil no ha respondido a medio centenar de solicitudes realizadas formalmente.
La juez retiró por inconstitucional una pregunta del abogado del primer edil que indagaba sobre la adscripción política de un testigo.
