El concejal Javier Pérez ha presentado una denuncia en el Juzgado de Orihuela por la supuesta permisividad del alcalde de Callosa, Fran Maciá, y la edil de Urbanismo, Susi Miralles, en relación a la construcción de una nave de 600 metros cuadrados en suelo rústico. Según Pérez, el inmueble ha sido levantado por una empresa vinculada a familiares del regidor y el proceso de paralización de la construcción se ha ido dilatando desde julio, cuando el inspector municipal de obras alertó de que se había levantado el 25% del inmueble, hasta la actualidad, cuando ya está terminada.
En su denuncia, el edil no adscrito Javier Pérez cree que el regidor, la responsable de Urbanismo y como responsables subsidiarios el resto de ediles del equipo de gobierno, han podido cometer presuntos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación y tráfico de influencias, por lo que pide que se investigue en el juzgado todo este asunto.
Según trasladó ayer el denunciante, la citada nave industrial se ha levantado «sobre suelo rústico y, por tanto, sin ningún tipo de licencia ni posibilidad de legalización, por parte de una empresa ligada directamente a familiares del alcalde, entre los que se incluye a una de sus hermanas y a su cuñado».
Pérez dijo que de dicha construcción ilegal tuvieron conocimiento tanto el alcalde como la concejala de Urbanismo el día 19 de julio mediante un informe del inspector municipal de obras, cuando estaba construida al 25% «pero, sin embargo, no hicieron nada hasta que el 5 de agosto, pocos días después de que el concejal del PP Víctor Rodríguez preguntara en pleno y, previo informe de la arquitecta municipal que, casualmente, es de fecha 4 de agosto».
Fue al día siguiente cuando Fran Maciá decretó la paralización de las obras, pero la notificación no se envió hasta el 24 de agosto. Además, y siempre según Javier Pérez, estaba dirigida a una persona en representación de la mercantil Pajares Salinas SL. En dicho decreto se concedían dos meses de plazo para la legalización de las obras «que son ilegalizables, por encontrarse en suelo rústico», prosiguió el denunciante.
Dos meses después
Pues bien, fue el 21 de octubre, «casi 2 meses después y apurando al máximo el plazo concedido», cuando se registró en el Ayuntamiento un escrito de alegaciones comunicando que la citada empresa no es la propietaria de los terrenos donde se estaba levantando la nave, sino que ese suelo pertenece a otra mercantil, que es Alocén Desarrollos SL, aunque según Javier Pérez también está ligada al grupo de empresas familiar.
Así, ante esas alegaciones, el regidor decretó el cierre del expediente a Pajares Salinas SL y la apertura de un nuevo expediente a Alocén Desarrollos SL a la que concedió un nuevo plazo de 2 meses para la legalización de la obra.
«Entre unas cosas y otras, una nave de 600 metros sobe suelo rústico, que se encontraba construida al 25% cuando fue denunciada por el inspector de obras, resulta que en estos momentos está finalizada al 100% y en uso», asegura Javier Pérez. Por todo ello, «considero probado fehacientemente y por ello lo he denunciado, que por parte del alcalde y la edil de Urbanismo, con la complicidad del equipo de gobierno, se ha consentido, por activa y por pasiva, la construcción de una nave en suelo rústico y, por tanto, sin posibilidad alguna de legalización, de familiares directos del alcalde».
