La Generalitat advierte en un informe que sólo con la aprobación definitiva de suelo urbanizable a urbano de los planes parciales PAU 7 y el PAU 5, previstos desde los años 90 en Orihuela Costa, el municipio agotaría su proyección de crecimiento sostenible para los próximos 20 años. Si se autorizan definitivamente, se limitaría además el visto bueno a la autorización de nuevos sectores de suelo para crecer en Orihuela Ciudad y las más de veinte pedanías del término. El Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje del Consell explica en una evaluación sobre la modificación puntual solicitada por el promotor del PAU 7 que solo la suma de este desarrollo urbanístico -sobre 655.854 metros cuadrados-; y la del plan parcial del sector PAU 5, con una extensión de 1,4 millones de metros supera las previsiones (de crecimiento de suelo urbano) de este municipio.
Estos cálculos se basan en la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (ETCV), una norma urbanística aprobada por el gobierno del presidente Fabra en 2011 -cuando los efectos de la crisis inmobiliaria eran más graves- que pretende limitar los crecimientos urbanísticos en zonas donde se ha abusado de la construcción de residenciales aislados. Se calcula para cada municipio, en función de si está en la costa o en el interior, con una fórmula matemática que tiene en cuenta el índice máximo de ocupación de suelo a 20 años vista. Se evalúa el factor de crecimiento demográfico, tamaño del municipio y su vertebración territorial. Y es una pesadilla para despachos de urbanismo, promotores, ayuntamientos que siguen esperando que el turismo residencial se mantenga como principal fuente de ingresos. Porque rebaja, y mucho, cualquier expectativa de reclasificación de suelo urbano.Prefieren el de 1990
El cálculo de esa ETCV dice que Orihuela sólo podría liberar como residenciales en las próximas dos décadas 1,7 millones de metros cuadrados; y otros 1,5 millones para actividades económicas -polígonos industriales, principalmente-. El documento de referencia del PGOU, que no está vigente y realizado en 2013, incrementa esas previsiones a 8,8 millones de nuevos suelos residenciales y otros 4,1 para actividades económicas. Todo apunta, a que el actual gobierno en el Ayuntamiento, supuestamente para garantizar el ritmo de la recuperación económica, y sobre todo las grandes empresas del sector, quieren que siga vigente el PGOU de 1990, que es el que les permite seguir construyendo.
Si la revisión del PGOU iniciada bajo el mandato de la alcaldesa Mónica Lorente se enviara alguna vez a su aprobación definitiva a la Generalitat debería rebajar por cinco sus previsiones de crecimiento, siempre según esa ETCV.
El análisis de ese Servicio de Infraestructura Verde sobre la Estrategia Territorial para el municipio de Orihuela se realiza sobre la base de un documento de revisión del PGOU que ha costado un millón de euros del presupuesto municipal. La promoción de vivienda turística (solo el PAU 7 contempla 2.570 casas), como en los últimos 40 años, y al margen de dos crisis graves durante ese periodo -a principios de los noventa y desde 2008 a 2013- es la que más trabajo genera a medio plazo, y sobre todo, mayor margen de beneficio aporta a las grandes empresas del sector de la construcción y promoción inmobiliaria en la Vega Baja. El municipio se enfrentaría a una reclamación patrimonial importante de los promotores en caso de revertir sus expectativas de urbanización.
Ayuntamientos como los de Los Montesinos, Algorfa o Almoradí, han visto rebajada de forma sustancial sus expectativas futuras de crecimiento tras remitir sus proyectos de revisión del planeamiento local precisamente tras los informes de ese Servicio de Infraestructura Verde, que sobre todo valora desde el punto de vista técnico, que los nuevos suelos urbanos se desarrollen en torno a los ya consolidados, y utiliza cartografía muy específica para evitar que los equipos redactores contratados por los ayuntamientos intenten «colar» más suelo urbano del que permite la normativa.
