El Juzgado de Instrucción Número 1 de Orihuela ha cerrado la fase de instrucción de la causa en la que se investiga al alcalde de Benferri, Luis Vicente Mateo (PSOE), por ocultar informes emitidos por el secretario con reparos al pago de dietas y gastos de representación. El magistrado cree que el regidor ha cometido un presunto delito de prevaricación y considera que el proceso debe continuar con la fase de procedimiento abreviado. Ahora la acusación particular, ejercida por el PP y por la Fiscalía Anticorrupción, podrá pedir la apertura de juicio oral o el archivo de la causa, aunque el primer edil puede interponer un recurso en contra de este último auto.
El juez considera que se han practicado todas las diligencias que se han estimado esenciales para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos, las personas que han participado en él y el órgano competente para su enjuiciamiento. En concreto, destaca que se ha tomado declaración al imputado (ahora llamado investigado) Luis Vicente Mateo, así como al secretario del Ayuntamiento, a dos técnicos y al denunciante, que fue el concejal del PP Bernardo Mira.
La denuncia por estos hechos fue registrada tras comprobar el citado edil que habían desaparecido del registro de entrada del Ayuntamiento tres documentos que habían sido registrados por el secretario. Se trata de varios informes en los que el funcionario ponía reparos al pago de emolumentos en concepto de dietas y gastos de representación que el propio regidor había realizado. Así, en lugar de esos documentos, se colocaron otros relativos a temas distintos.
La retirada de dichos informes se hizo mediante un decreto de Alcaldía y esa acción, a juicio de la Fiscalía y del juez, podría ser constitutiva de un delito de prevaricación. De hecho, el fiscal Pablo Romero determinó que Luis Vicente Mateo «abusó» de su cargo al retirar los documentos y cree que su comportamiento «no tiene justificación legal alguna» puesto que «por mucho que se pueda discrepar con un reparo, lo que no resulta posible es retirar el informe de quien tiene la obligación de fiscalizar los gastos del Ayuntamiento».
La oposición que lidera el concejal Bernardo Mira se ha venido quejando además por el hecho de que el grupo socialista en el Ayuntamiento, que cuenta con mayoría, acordó que la defensa judicial del alcalde se abonara con fondos públicos. Así, ya se ha autorizado el pago de 7.260 euros al abogado que defiende al alcalde en esta causa y también en otra en la que se le investiga por impulsar la legación de viviendas levantadas en una zona verde para favorecer a un promotor, según falló el TSJ. Tras esto, el PP pidió que se depuraran responsabilidades en la actuación del alcalde en estos hechos.
