La Generalitat Valenciana cederá la titularidad del edificio de los antiguos juzgados al Ayuntamiento de Orihuela, tras más de diez años de negociaciones entre ambas administraciones que comenzaron el pasado año 2005, cuando el Consistorio sufragó con dinero de las arcas municipales la construcción del Palacio de Justicia de Orihuela, pese a ser competencia de Conselleria levantar el edificio. Una compensación que llevan persiguiendo una década desde el Ayuntamiento y que llega tras un año y medio de negociaciones entre el nuevo equipo de gobierno de Orihuela, encabezado por Emilio Bascuñana (PP), y el nuevo gobierno valenciano de Ximo Puig. Esta cesión es independiente de otro de los puntos del convenio, que pasa porque Justicia abonará al Ayuntamiento un alquiler por el uso de los nuevos juzgados a razón de 75.000 euros anuales los cinco primeros años, y 125.000 los cinco siguientes.
Bascuñana anunció el acuerdo durante la visita de trabajo que realizó ayer el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, precisamente para cerrar este convenio. Los acuerdos también incluyen la cesión de la casa natal de Miguel Hernández, actualmente cerrada, por lo que ahora está en manos del Ayuntamiento su apertura que, según manifestó ayer el alcalde, se espera para el próximo año, coincidiendo con el 75 aniversario de la muerte del poeta, sin fecha exacta.
Ambas administraciones se han dado un plazo de seis meses para realizar los trámites administrativos derivados de las diferentes cesiones, «aunque eso no conlleva que su uso pueda producirse antes», apuntó Bascuñana. El objetivo pasa por usar los antiguos juzgados para albergar diferentes dependencias municipales y reducir drásticamente el gasto en alquileres, que ronda el medio millón de euros anuales, si bien es cierto que el Consistorio deberá realizar una inversión en rehabilitar el edificio tras tantos años en desuso. En este sentido, el primer edil manifestó que se incluirá dicha partida «en los presupuestos del próximo año, en los que ya estamos trabajando».
Todas las partes mostraron su satisfacción ante un acuerdo que, aunque tardío, sirvió para zanjar deudas pendientes entre la Generalitat y Orihuela, pues durante todos estos años desde que se construyera el Palacio de Justicia, pues la Generalitat ha estado prácticamente «de okupa» en el edificio, manifestó Puig, de titularidad municipal.
En cuanto al alquiler por la sede judicial actual, «aunque no es un alquiler como tal, jurídicamente» hablando, apuntó Bascuñana, viene con letra pequeña. Durante los diez años que contempla el acuerdo, la Generalitat podrá ejercer el derecho a compra, descontando lo pagado hasta el momento de producirse dicha adquisición. Sin embargo, las instalaciones ya se han quedado pequeñas para albergar la partida judicial de Orihuela, por lo que «los técnicos ya están estudiando si se puede ampliar la edificabilidad, que parece que sí, y el Ayuntamiento se compromete a la cesión de suelo si fuese necesario ampliar las instalaciones», apuntó la consellera Gabriela Bravo. En el caso de que Justicia deba buscar otras instalaciones porque estas se quedaran pequeñas, el edificio seguiría siendo de titularidad municipal.
El convenio entre las administraciones también contempla la cesión del Museo de la Muralla, ahora de titularidad del Consell, y de las instalaciones del Ahogadero de la Seda, en San Antón, y que se utiliza para albergar talleres municipales. Todas estas cesiones están vinculadas a que los diferentes inmuebles se utilicen para actividades relacionadas con la gestión municipal.Valenciano
Pese a todos los puntos de acuerdo, hubo cuestiones en las que las administraciones autonómica y local manifestaron de nuevo sus discrepancias. La principal, y como suele ser habitual en las comparecencias del acalde, Emilio Bascuñana, fue la idiomática, y la «imposición» del valenciano por parte de la Administración autonómica que según el primer edil sufre Orihuela. El alcalde pidió «la misma predisposición para cerrar este acuerdo para que nos ayude a mediar en que la cuestión lingüística no sea un elemento que descosa la Comunidad», a lo que Puig recordó que «existen dos lenguas oficiales que deber ser igualmente respetadas», si bien manifestó que existe una ley, la que contempla la exención del valenciano en materia educativa en territorio castellanoparlante, «que no vamos a cambiar», aunque considera fundamental que «los escolares de la ESO acaben sus enseñanzas sabiendo castellano, valenciano e inglés», pues la lengua valenciana «es necesaria para la capacitación y forma parte del patrimonio y la seña de identidad» de la Comunidad.
