El exconcejal de Urbanismo de Redován Joaquín Pozuelo Poveda (expulsado de IU) ha sido condenado a siete años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por ser responsable de un delito de prevaricación administrativa en relación al sobrecoste de la construcción de la Escuela Infantil Municipal. La obra estaba presupuestada en 751.123 euros pero acabó sumando otros 307.788 euros adicionales porque el edil «actuando de una forma absolutamente arbitraria» realizó modificaciones en el proyecto «siendo consciente de la grave y manifiesta ilegalidad» que estaba cometiendo.
El fallo judicial ha sido dictado por el juzgado de Lo Penal 3 de Orihuela y rubricado por la magistrada Nerea Cavero. La sentencia recoge que el exedil de forma arbitraria «impartió órdenes e instrucciones precisas a fin de que la contratista ejecutara obras que suponían acondicionamientos fruto de su exclusiva voluntad, sin que fueran precisas para la adecuada realización de la obra, que no se contemplaban en el proyecto original y que tenían un valor de 133.113 euros más IVA». Todo ello «siendo consciente de la ilegalidad» y actuando «fuera de los parámetros legales para proceder a la modificación del contrato». «Estas modificaciones las realizó sin respetar en absoluto el procedimiento legalmente establecido y sin dar cuenta en ningún momento al órgano de contratación».
Además de realizar esas modificaciones de obra que no eran necesarias para la ejecución del proyecto, el exedil Pozuelo incluyó otra serie de cambios que sí eran precisos para acabar el edificio, si bien tampoco respetó el procedimiento legalmente establecido.
La denuncia que dio lugar a la apertura de esta causa fue presentada por el equipo de gobierno de Emilio Fernández (PP), que detectó sobrecostes en la construcción de la Escuela Infantil Municipal, sufragada con fondos del Plan E, y los puso en conocimiento del juzgado. Por estos hechos se imputó al concejal ahora condenado y también a la que por aquel entonces era alcaldesa de Redován, Leticia Bas (PSOE), si bien finalmente se la exculpó de cualquier responsabilidad.
La sentencia ha llegado tres años y medio después de que se denunciaran los hechos y la jueza ha estimado que «como consecuencia del mendaz comportamiento de Joaquín Pozuelo, la empresa contratista, Construcciones Los Carteros SL, presentó una factura en el Ayuntamiento reclamando 307.788,51 euros. El Consistorio se vio obligado a abonar esa cantidad, si bien recibió una quita de algo más de 15.000 euros al aceptar la empresa adherirse al plan de pago a proveedores.
Todo ello «con el consiguiente perjuicio que eso supuso para el Ayuntamiento, puesto que tuvo que satisfacer el precio de una obra que si bien había sido efectivamente ejecutada, nunca fue autorizada por el órgano competente, sino sólo por el edil acusado, y en unas condiciones más gravosas que las previstas en la obra inicialmente autorizada», se establece en la sentencia.Segunda condena
Por todo ello, la jueza Nerea Cavero ha condenado a Joaquín Pozuelo a la pena de siete años de inhabilitación especial por prevaricación y al pago de las costas procesales.
Se trata de la segunda condena que pesa sobre este edil. En 2014 fue condenado a dos años de prisión por un delito de falsedad documental, a 8 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y al pago de una multa de seis euros diarios durante 12 meses. Todo ello por firmar un documento público falso del que se valió la dueña de un chalé ilegal en la Sierra para que la compañía Iberdrola le diera servicio de luz, algo inviable legalmente. En ese momento ya no estaba en política. Tras ser expulsado de IU fue repescado por Compromís y lideró la candidatura en 2011, aunque no obtuvo acta.
