Las trabajadoras de la empresa «Adass Well» han desvelado que los fondos que la Cooperativa Eléctrica de Catral destina a financiar el servicio de ayuda a dependientes se ha utilizado en parte para beneficiar presuntamente a familiares de la cúpula de la Cooperativa. La entidad, que mantiene un convenio con el Ayuntamiento, destina cada año 35.574 euros para contratar a tres auxiliares que prestan asistencia a 12 personas en situación de dependencia; pero el 25% de ese dinero se ha utilizado para otros fines. Con esos fondos se han contratado a otras dos trabajadoras: una que se ha ocupado en exclusiva de cuidar a un familiar del tesorero, sin pasar por el examen previo de los servicios sociales, y otra familiar en este caso del gerente, que sólo figuraba como presidenta de Adass Well pero cobraba y cotizaba como las demás, siempre según su versión. Este diario contactó ayer con el presidente de la Cooperativa Eléctrica para conocer la versión de la entidad con respecto a todo este asunto pero declinó hacer declaraciones.
El Servicio de Ayuda a Domicilio financiado por la Cooperativa Eléctrica se presta desde 2013, cuando la entidad firmó un convenio con el Consistorio para financiar ayudas destinadas a mejorar los Servicios Sociales. En ese acuerdo se contemplaba que la Cooperativa contrataría a una empresa para ampliar el servicio de atención a dependientes y ayudar a 12 familias, que recibirían asistencia durante 40 minutos al día.
Así, la Cooperativa Eléctrica aprobaba cada año en su Asamblea General destinar 35.574 euros del fondo de reserva formación y promoción cooperativa a fines asistenciales, concretamente a financiar ese convenio. La Cooperativa encomendó ese servicio a la empresa Adass Well (que es en realidad otra cooperativa) y que se creó para este fin, aunque sirve también para ayudar a otros dependientes que pagan por recibir cuidados.
Según aseguran a INFORMACIÓN las tres trabajadoras de Adass Well, se les «invitó» a poner como presidenta a una familiar del gerente que, aunque en principio iba a trabajar también en este servicio, finalmente desarrolló su actividad profesional en otra empresa. No obstante, siguió al frente de las Adass Well aunque no prestaba asistencia a dependientes y tampoco realizaba tareas administrativas, porque las mismas estaban encargadas a una asesoría externa. Así, entre junio de 2013 y hasta febrero de 2016 esta persona cobró 12.316,80 euros, más 1.964 en concepto de despido, según consta en diversa documentación a la que ha tenido acceso este diario.
Las Adass Well aseguran que desde noviembre de 2013 hasta la actualidad, otra de las condiciones impuestas para seguir con el servicio de ayuda a domicilio era que contrataran a una trabajadora, en este caso para cuidar cuatro horas todos los días a un familiar del tesorero. Así, se destinó desde noviembre de 2013 hasta la actualidad la cantidad de 14.234,80 euros a sus salarios.
Según las empleadas, esas imposiciones han supuesto que durante más de tres años ellas se han visto obligadas a renunciar a parte de su sueldo ya que, siempre según su versión, en el contrato de prestación de servicios entre la Cooperativa Eléctrica y la empresa Adass Well, las trabajadoras debían cobrar a 10 euros la hora y lo cierto es que las han cobrado a 5,67 euros. Todo ello porque «de donde debían salir tres sueldos estaban saliendo cinco».
Hace unos días, la Cooperativa Eléctrica le ha notificado a la empresa Adass Well y al Ayuntamiento que dará por finalizado el contrato a fecha 31 de diciembre de 2016. Pero ¿a qué se debe esa ruptura?
Las trabajadoras de Adass Well lo tienen claro y apuntan a dos motivos. Uno es que en febrero de este año se rebelaron y despidieron a la anterior presidenta y familiar del gerente de la Cooperativa. Otro es porque hace unas semanas pusieron en conocimiento de un miembro de la Junta Rectora de la Cooperativa que les estaban obligando a sacar de su sueldo otro jornal para pagar una cuidadora dedicada en exclusiva a un familiar del tesorero.
Engañados
Con toda esta situación, las trabajadoras de Adass Well critican que «se le ha engañado a los socios de la Cooperativa y al Ayuntamiento, porque en su asamblea general votaban aprobar destinar 35.574 euros al año para sufragar el convenio de asistencia a domicilio y, en la realidad, sólo se destinaba a ese fin 26.583,60 euros anuales»
Las empleadas admiten que han sido conscientes de lo que estaba sucediendo, pero se quejan de que no podían desvelar la situación por miedo a perder el trabajo. Además aseguran que ellas han cumplido con su parte del trato y han prestado la asistencia domiciliaria a las 12 personas seleccionadas por los Servicios Sociales. Todo ello a pesar de tener que reducir los sueldos pactados para contratar a esas dos empleadas.
