El equipo de gobierno del Partido Popular (PP) de Orihuela, que gobierna en minoría, deberá pisar el acelerador y conseguir llevar al pleno los presupuestos del próximo año antes del 28 de febrero de 2017 si quiere conservar el apoyo de Ciudadanos (C's), con quien mantiene un pacto de gobernabilidad este mandato. Así lo manifestó ayer el portavoz de la formación naranja, Juan Ignacio López-Bas, quien marcó el segundo mes del año como fecha límite para que Orihuela tenga por fin una hoja de ruta económica que marque el gasto de las distintas áreas municipales desde comienzos de año y que es una de las doce condiciones que pactaron el PP y C's dentro de ese acuerdo de gobernabilidad que no deja áreas de responsabilidad al partido de Rivera. López-Bas fue claro: «No aprobaremos ningún presupuesto para 2017 si no es dentro de esas fechas».
El portavoz de C's lanzó este ultimátum al equipo de gobierno después de anunciar que su grupo no aprobará los presupuestos para 2016, cuyo pleno será mañana (8 horas). La propuesta llega a finales de año, lo que de entrada incumple el acuerdo ya que «estos no son los presupuestos que pactamos con el PP en enero de 2016, la ejecución durante el año ha hecho que sean otra cosa. Lo que se va a aprobar es un reflejo de lo que se ha hecho» y no lo que se tenía previsto hacer, obligando a renunciar a inversiones comprometidas por ambas formaciones como el Centro Cívico de La Aparecida, entre muchas otras o la remodelación del Palacio de Rubalcava.
En cuanto a la organización interna municipal, el PP también ha incumplido lo prometido a Ciudadanos, según López-Bas, pues «no se ha solventado los problemas del área de Intervención o no se ha acometido la reforma del área de Urbanismo» para hacerla más eficiente ni tampoco «se ha puesto en marcha el reglamento de Participación Ciudadana, aunque se ha aprobado».
Otra de las condiciones que lanzó ayer López-Bas para mantener el acuerdo pasa por la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la plantilla municipal -también incluida en el pacto-, que pondría fin al caos en la organización del trabajo de los 800 funcionarios, adaptando sus labores a las necesidades del Ayuntamiento. El edil de Recursos Humanos, Rafael Almagro (PP), anunció el pasado mes de julio que dicho documento se aprobaría en septiembre y «estamos a finales de noviembre y no sabemos nada». La falta de iniciativas municipales está poniendo fin a la paciencia de Ciudadanos, que hasta ahora ha dejado hacer al equipo de gobierno sin apenas recordarle que no tiene la mayoría necesaria para trabajar en solitario, algo que sí hizo ayer: «Este equipo de gobierno no tiene mayoría, y tiene que recordarlo todos los días».
Cabe destacar que los tres ediles de Ciudadanos, además de permitir la gobernabilidad del PP mediante su acuerdo, también está integrado en algunas áreas de la gestión municipal, pese a no tener competencias delegadas y, por tanto, responsabilidad o firma alguna en su gestión. Y tampoco por ello visibilidad, pues la única a la que se le ha visto presentar públicamente su gestión como concejal colaboradora -así llaman desde el equipo de gobierno a esta figura-, es a la edil Mar Ezcurra, quien gestiona el área de Cultura aunque el concejal titular sea Francisco Sáez Sironi, a quien desde que tomó posesión de la Concejalía hace unos meses tras la remodelación de gobierno, no se le ha visto dar cuentas de su gestión al frente.
La ruptura del pacto también conllevaría la salida de los «concejales colaboradores» de C's, pues pasarían a estar «como estamos ahora, en la oposición, pero seríamos mucho más duros con el PP», concluyó. Lo que no está claro es si afectaría a su sueldo, ya que los tres ediles reciben media dedicación, frente a otras tres que recibe el PSOE para 8 concejales, y que Bascuñana justificó en su día como «compensación».
