La provincia cerrará 2016 con unas 9.000 denuncias por malos tratos, lo que supone un aumento de un 34% respecto a las registradas el año anterior, según las estimaciones de la Audiencia Provincial en base al ritmo de denuncias que se están presentando en este año. «Es algo que estamos comprobando día a día, el ritmo de trabajo es incesante y sólo en el segundo trimestre del año ya se han registrado 2.500 denuncias», señala Vicente Magro, presidente hasta hace unos días de la Audiencia Provincial de Alicante y actual magistrado de la Audiencia de Madrid.

Para Magro, estas cifras suponen una buena noticia. «No quiere decir que haya más malos tratos, sino que se denuncia más. Es la primera vez que se produce un aumento de esta magnitud provocado por la insistencia en esta provincia de que se denuncie para permitir el acceso a la protección», señala Magro. Según los datos que maneja el ex presidente de la Audiencia, «se va a dar un vuelco a la tendencia en el ritmo de denuncias, que siempre se ha mantenido en torno a 7.000».

La provincia de Alicante sigue siendo la cuarta en número de denuncias y la inmensa mayoría de ellas siguen partiendo de las propias víctimas. Sólo un 1,40% son presentadas por la familia, el 16% por la policía, un 10% por los médicos y un 2,5% por testigos o vecinos. Ayer, la edil de Igualdad del Ayuntamiento de Orihuela, Sabina Galindo, apuntó que el Servicio Municipal de Atención a la Violencia de Género ha experimentando este año un incremento en el número de mujeres que solicitan información y ayuda. Así, 62 personas han iniciado a través del servicio el programa de protección que ofrece la Conselleria. Galindo apuntó a que los juzgados de Orihuela tramitan más de 500 denuncias en lo que va de año. Ante estos datos, desde la Concejalía se ha organizado una marcha de protesta contra la violencia machista para el viernes, a las 19 horas, desde el Consistorio, informa Ivan J. Iniesta.

Magro participó ayer en la jornada inaugural del XIV congreso de violencia contra la mujer, organizado por la Diputación provincial en el ADDA y que arrancó con un minuto de silencio por las 39 mujeres muertas a manos de sus parejas en lo que llevamos de año, 6 de ellas en la Comunidad. Cerca de 1.200 personas, lleno absoluto, asisten a estas jornadas que acaban hoy.

Durante su ponencia, Magro hizo un recorrido por los cambios normativos que ha habido en los últimos años y todo lo que queda por hacer. «Desde el Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial hemos pedido que a quienes asesinen a sus parejas se les aplique la pena de prisión permanente revisable, igual que en los casos de terroristas, porque estamos hablando de terrorismo de género». Magro también apuesta porque los condenados por asesinato no consigan rebajas en las condenas por confesión del crimen y resarcimiento de las víctimas. «Se han dado casos en los que los asesinos solo han cumplido seis años de cárcel», incidió Magro, quien añadió como dato que un 39% de quienes asesinan a sus parejas se entregan voluntariamente a la policía. Desde el Observatorio de Violencia de Género también se ha solicitado que las víctimas sólo declaren una vez ante el juez «y que después se utilice una grabación, porque no podemos estar cansando a las víctimas y obligándolas a contar reiteradamente lo mismo». También es importante controlar a los maltratadores que están en libertad a la espera de juicio para que no incumplan la orden de alejamiento, «para lo que habría que hacer un mayor uso de las pulseras, que en la mayoría de casos no se ponen». No en vano, en la provincia un 13% de los maltratadores quebrantan las órdenes de alejamiento.