La Policía Local de Callosa de Segura inmovilizó ayer las dos máquinas barredoras que se utilizan para limpiar las calles de la ciudad por estar circulando sin la ITV, por lo que se tramitaron también denuncias ante el departamento de Tráfico. Se trata de dos vehículos que tienen más de 15 años y que han aparecido «por casualidad» al tiempo que han desaparecido las otras dos que se empleaban para prestar el servicio, que tienen poco más de dos años y estaban en óptimas condiciones.
El equipo de gobierno de Callosa (PSOE, EU y Somos) acusó ayer a la empresa concesionaria del servicio de limpieza y recogida de basuras, Sirem, de haber cambiado las máquinas sin permiso como represalia porque el pasado martes el pleno aprobó la rescisión del contrato con dicha mercantil por supuestos incumplimientos.
Los responsables políticos del Ayuntamiento se enteraron ayer de este hecho y enviaron a la Policía Local a que levantara un acta. En el informe realizado por los agentes se da cuenta de que esas barredoras habían sido utilizadas durante dos días por los empleados del servicio para limpiar las calles de Callosa. Tras comprobar que ninguno de los dos vehículos tiene la ITV en vigor, tramitaron la correspondiente sanción ante Tráfico y las inmovilizaron.
Empleados
Los empleados de Sirem aseguraron desconocer quién había cambiado la maquinaria. A simple vista se ve que se trata de dos vehículos muy viejos con la chapa oxidada, que tienen pérdidas de aceite, con los neumáticos en mal estado y hasta con una de las lunas delanteras totalmente rajada. Además no tienen rótulos con el nombre de la empresa Sirem, aunque sí se aprecia que antes tuvieron otros de Colsur, que era el anterior nombre de la mercantil dirigida también por familiares del polémico empresario Ángel Fenoll.
Ahora el Ayuntamiento exigirá a la empresa que devuelva la maquinaria porque considera que pertenece al Consistorio. En el contrato de las basuras, por el que se paga cerca de 82.000 euros al mes, se incluye un canon para sufragar el coste de los camiones de recogida, máquinas barrederas o contenedores, de forma que cuando las concesión expira, los vehículos y el resto de elementos pasan a ser propiedad municipal. Pues bien, con la rescisión del contrato la administración local debía de hacer una liquidación y quedarse con unas máquinas que, en ningún caso, son las que se han estado utilizando estos dos últimos días.
El regidor, Fran Maciá, dijo ayer que los servicios municipales y la Policía Local «han establecido un protocolo para supervisar la prestación del servicio, de manera que se pueda detectar los incumplimientos de la empresa y que se pueda acumular como daños y perjuicios en la liquidación del contrato a realizar y que se repercutirá a la empresa».
