Ni rastro de las 1.800 casas, ni de los puestos de trabajo que iba a generar la urbanización SUS-A Los Invernaderos cuando se levantaran los adosados, pese a que en el resto de la comarca, en especial en Torrevieja, Orihuela Costa, Pilar de la Horadada y Guardamar vuelven a despuntar en el horizonte las grúas torre. Ese impulso no ha llegado a San Miguel de Salinas.
El fracaso del proyecto contrasta con la insistencia del Ayuntamiento a la hora de reclamar a la administración que no limite el crecimiento futuro del casco urbano. El Tribunal Supremo tumbó el Plan General de este municipio porque se aprobó sin evaluación de impacto ambiental. El equipo de gobierno del PP insiste en que hay que liberar más suelo para urbanizar frente a las primeras previsiones de protección barajadas por la Conselleria de Medio Ambiente a la hora de consolidar de forma definitiva la protección de Sierra Escalona y la Dehesa de Campoamor.
En el SUS A, donde antes había bancales de almendros y una rambla ahora hay calles vacías y abandonadas y una rotonda cerrada al tráfico, junto a la CV-95, a la vista de todos los conductores y de los sanmigueleros. Son 700.000 metros cuadrados arrasados por vandalismo, robos de cobre en todo el tendido eléctrico y falta de mantenimiento. La mayor parte de la urbanización cuenta con las calles trazadas, asfaltadas y señalización horizontal, farolas, jardines, bancos y parques infantiles desde 2008. Pero el residencial está desierto. No se han construido ninguna de las viviendas unifamiliares previstas y sobre el terreno sólo se levantaron tres bloques de pisos, ahora semivacíos. Todo el perímetro está vallado. A cuenta de este plan urbanístico, que comenzó a tramitarse en 2003 como una reclasificación de suelo agrícola, el Ayuntamiento iba a recibir 3 millones de euros de compensación por el 10% de cesión obligatoria del aprovechamiento urbanístico a los que renunciaba a cambio de su valor en metálico. Ese dinero sirvió para construir un nuevo Ayuntamiento pero el promotor todavía adeuda una cantidad importante. El equipo de gobierno ha levantado un muro de silencio sobre este asunto que se ha convertido en un dolor de cabeza para quienes lo defendieron a capa y espada, incluso apostando, hasta conseguirlo, ante la Confederación Hidrográfica, por la desaparición de una rambla, ahora soterrada bajo un parque que discurre de extremo a extremo del sector, para permitir que ese suelo, en torno a 70.000 metros computara como zona verde y no como cauce de dominio público, con una ganancia en suelo urbano equivalente a 300 viviendas. Este diario ha intentado recabar la opinión del concejal de Urbanismo, Sergio Correas y con el alcalde Ángel Sáez (PP). El Ayuntamiento habría logrado recuperar el aval de 1,4 millones de euros dispuesto en su día para garantizar el final de las obras, dado que a la empresa urbanizadora agotó el plazo de ejecución de todo el proyecto en 2012. Para ofertar los solares urbanos el plan necesita nuevas inversiones en todas las infraestructuras que han sido saqueadas desde 2008.
El promotor
El proyecto lo impulsó el polémico promotor ilicitano Ramón Salvador, líder entre las empresas morosas con Hacienda con 24 millones de euros de deuda e implicado, entre otras, en una investigación por supuestos sobornos a cargos públicos del PP en la ciudad de Murcia, ligados a una tramitación urbanística.
