El juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Elche ha condenado al Ayuntamiento de Torrevieja a pagar 48.000 euros de indemnización a un agente de la Policía Local que ha venido sufriendo acoso laboral en la Jefatura de forma reiterada desde el año 2004. El policía alertó en diversas ocasiones al Consistorio de lo que estaba sucediendo pero no se adoptaron medidas, por lo que decidió acudir a los tribunales. Ahora el juez le ha dado la razón y considera probado que se trata de una víctima de «mobbing» teniendo en cuenta que la situación le ha causado perjuicios psicológicos.
El alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón, explicó ayer que el fallo judicial obliga además al Consistorio a activar en un plazo de 30 días el protocolo contra el acoso laboral. La Administración local también tendrá que asumir el pago de las costas judiciales. El regidor dijo que la multa rozará los 60.000 euros en total, tras añadirle los intereses que correspondan, y criticó la actitud de los anteriores gobiernos municipales del PP por no haber tomado medidas al respecto.
Dolón explicó ayer que contra esta sentencia se puede interponer recurso aunque consideró que es «difícil» rebatir los argumentos del juez, que ha basado el fallo en pruebas documentales, médicas y testificales que ratifican que no se ha tratado de «un hecho aislado». El alcalde dijo que se valorará la posibilidad de recurrir, aunque es «muy difícil de contrarrestar» y más cuando se trata de un Ayuntamiento que tiene «más casos de este estilo con sentencias condenatorias».
Recurso
Las sucesivas denuncias por parte del agente que sufrió el acoso se interpusieron desde el año 2004 y fueron contra el Consistorio porque «permitió y consintió» esa situación, según el regidor. Dolón informó que la Administración local presentó un recurso pidiendo que los hechos se declarasen prescritos.
No obstante, el magistrado no ha estimado esa petición al considerar que se trata de una situación que se ha venido alargando en el tiempo y que ha tenido graves consecuencias para el funcionario mientras que «quienes gobernaban miraron hacia otro lado», prosiguió el primer edil.
El juez ha estimado en la sentencia que «se reconoce una situación de acoso laboral que el agente ha sufrido durante años, que le ha menoscabado la salud y producido un trastorno adaptativo y un ánimo depresivo derivado del acoso psicológico sufrido por largo periodo de tiempo».
El alcalde resaltó la gravedad de los hechos especialmente porque «se juzgan unas circunstancias que producen daños en la salud de las personas, daños físicos y psíquicos que en ocasiones pueden ser para siempre» y porque se producen en un cuerpo en el que se supone que han de primar «otros valores bien distintos». Además, valoró que se trata de un cuerpo uniformado que está «al servicio de los ciudadanos», por lo consideró que es «muy difícil» que una persona que trabaja en las circunstancias en las que se describen en la sentencia pueda prestar «adecuadamente» esa función de servicio.
José Manuel Dolón anunció también ayer que esta misma semana se va a producir una reunión con el Departamento de Riesgos Laborales en la que se va a tratar de forma exclusiva la aplicación del «protocolo anti mobbing», tal y como exige la sentencia, y estarán presentes «especialistas ajenos al Ayuntamiento que vienen a adaptar ese protocolo que existe en la actualidad a la realidad legislativa».
Con esta medida el alcalde espera contar con «un mecanismo útil» para las personas que sufren estas situaciones que «dejan huella en su salud».
