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Torrevieja

Un juez obliga a una mujer con 4 hijos a abandonar un piso social que «okupó»

Stop Desahucios recurre las dos condenas contra personas que ocuparon de forma ilegal viviendas en mayo

Imagen de la presencia policial en el residencial. Tony SEvilla

El movimiento Stop Desahucios de Torrevieja explicó ayer que va a recurrir las sentencias que ordenan el desalojo de viviendas públicas de la Generalitat, que estaban vacías desde 2008 y ocupadas en mayo por varias familias en la calle Emilia Pardo Bazán. En uno de los casos la sentencia con multa y orden de desalojo por delito leve de usurpación la medida afecta a una madre y sus cuatro hijos menores, siempre según este colectivo. La sentencia mantiene que no se ha acreditado la situación de extrema necesidad de la familia a la hora de justificar de alguna forma la ocupación. Stop Desahucios asegura sin embargo que la familia ha solicitado a ayudas sociales y se ha mantenido en muchas ocasiones a través de las donaciones de Alimentos Solidarios. La misma fuente aseguró ayer que ha remitido una queja formal al Colegio de Abogados de Orihuela porque la letrada que se hizo cargo de este caso recibió toda esta documentación antes de la vista oral pero no la registró después en las diligencias de investigación.

El grupo asegura que mantendrá la defensa legal de las familias afectadas al margen de las presiones que ejerce el Ayuntamiento de Torrevieja y la propia Generalitat. También aseguran que van esgrimir un documento rubricado por la Conselleria de Vivienda hace dos años en los que aseguraba que negociaría cada uno de los casos en los que se han realizado ocupaciones de vivienda pública en la Comunidad Valenciana.

Además de esta sentencia, se va a recurrir el fallo que condena a otra persona por una ocupación. En este caso, el juzgado ha identificado como ocupante de la casa a una persona ajena a quien realmente entró en el piso. Las ocupaciones por parte de unas diez familias se realizaron en mayor con la justificación de que la Generalitat no las adjudicaba. En la misma promoción pública residen familias que sí accedieron a la vivienda a través de un proceso reglado y pagan un alquiler.

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