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Torrevieja

Condenan a dos okupas por «usurpar» casas vacías del Consell

El fallo alega que los denunciados no acreditaron una «extrema necesidad» para usar las viviendas ni habían solicitado ayudas sociales - Las sentencias les obligan a pagar multas de 180 euros y al desalojo

Un juez condena a dos okupas por «usurpar» casas vacías del Consell en Torrevieja

El juzgado de Instrucción 1 de Torrevieja acaba de notificar dos sentencias de condena de delito leve por usurpación de viviendas por la «ocupación» de dos pisos vacíos propiedad de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), situados en la calle en la calle Emilia Pardo Bazán. Se trata del residencial de promoción pública que una docena de vecinos decidió ocupar en mayo porque la mayoría de las casas están vacías desde que se levantaron las viviendas en 2008, inicialmente para ofrecerlas en alquiler joven.

En el primero de los casos, la condena por este delito leve impone el pago de una multa de 180 y el desalojo de la casa, con todos sus enseres «para restituir la pacífica posesión a su legítimo propietario». La sentencia asegura que la ocupante de la casa no ha acreditado en ningún caso que se encontrara en una situación de extrema necesidad para hacerla su vivienda habitual, que es la que amparó, en un caso anterior, la absolución a una madre soltera que entró a una de las viviendas del mismo residencial, con su hija menor de edad.

En la segunda sentencia se condena a una mujer por el mismo motivo, usurpación de vivienda. La vecina alegó, siempre según la sentencia a la que tuvo acceso este diario, es que realmente ella no es la persona que había ocupado la casa, y que se encontraba en el residencial para visitar a su hija. La diligencias policiales realizadas posteriormente confirmaron que la ahora condenada era la que habitaba la casa y no pudo acreditar el empadronamiento en otra zona de Torrevieja. El fallo condena le reclama el abono de 270 euros de multa y al desalojo inmediato de la vivienda del EIGE.

La resolución judicial apoya las medidas adoptadas por para la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), antiguo Instituto Valenciano de la Vivienda, que presentó esas denuncias y que reclamó un amplio despliegue de Policía Local para evitar nuevas ocupaciones. Tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Torrevieja remarcaron que comprendían algunas de las situaciones personales que habían derivado en las ocupaciones, pero que tendrían consecuencias legales, primero por la vía penal, y si, se archivaban, por la civil, como está ocurriendo. El Ayuntamiento y el EIGE trabajan en la elaboración de un convenio que permita a la administración local gestionar el alquiler en condiciones mucho más ventajosas de las que se ofrece ahora y poder dar uso a las viviendas.

Extrema necesidad

Esos dos fallos llegan tras una anterior de un juzgado que absolvió del delito leve de usurpación a una de las nueve familias -una madre y con su hijo pequeño- que en mayo ocupó un piso vacío del mismo residencial. En ese procedimiento ejerció la defensa la letrada Pilar Gómez, a la sazón concejal portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento. Esa sentencia sí reconocía la situación de extrema necesidad -la alternativa de quedarse en la calle- y decía que no suponía un ilícito penal la entrada sin violencia, ni intimidación en estas viviendas, hasta encontrar otra solución habitacional.

Durante siete años la Generalitat no ha tramitado la mayoría de esos arrendamiento al exigir unos requisitos y precios que no se adaptan a la demanda de vivienda pública. Más de 20 de los treinta pisos en 2008 habían permanecido vacíos desde entonces. En mayo de 2016 se ocuparon una decena de esas viviendas. Las familias, apoyadas por Stop Desahucios y la abogada Gómez explicaron que el daño que hacían al entrar a viviendas públicas es menor que el que se hace en propiedades privadas. También que se trataba solo de una solución temporal para esas personas.

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