El intercambiador de mercancías entre carretera y ferrocarril que se pretende ubicar en la Vega Baja generaría un beneficio social de más de 187 millones de euros durante sus primeros 30 años de funcionamiento. Con este dato, avalado por un estudio de la Universidad de AlicanteUniversidad de Alicante (UA), varios alcaldes de la comarca se reunirán el viernes en Fomento con el objetivo de que los técnicos del Ministerio avalen el proyecto, un primer paso necesario para que la Unión Europea financie el estudio para idear su ejecución. La infraestructura serviría para que las empresas del sur alicantino puedan abaratar los costes de transportar mercancías hasta otros países europeos en tren mediante el Corredor Mediterráneo, lo que contribuiría a hacerlas más competitivas, potenciando la economía y contribuyendo a la creación de empleo.
Habilitar la infraestructura ferroviaria supondría una inversión inicial de 24,3 millones, si bien mantener en funcionamiento el intercambiador precisaría de una continua inyección de dinero público. El análisis financiero realizado por un equipo liderado por Armando Ortuño a través de la UA determina que del análisis coste-beneficio realizado se desprende que los resultados serían negativos, puesto que los ingresos que se generen no serán capaces de cubrir todos los costes que implica la ejecución y explotación del intercambiador. Se calcula que para un periodo de tres décadas, ese resultado negativo sería superior a los 118 millones. Aun así, teniendo en cuenta el coste de inversión y el beneficio social, se estima que el «puerto seco» tendría una rentabilidad de cerca del 20%.
«Altamente rentable»
Los impulsores de este proyecto creen que ese balance negativo es algo que entra dentro de la normalidad porque las infraestructuras públicas precisan en la mayoría de casos de una inversión continuada para poder mantenerse. Sin embargo, es ese beneficio social de 187 millones calculado para el mismo periodo el que justifica que el proyecto es «altamente rentable», según la UA. Tanto es así que, según los cálculos efectuados, aunque el intercambiador tuviera un 33% menos de actividad de la que se cree que podría alcanzar, y aunque los costes de ejecución y mantenimiento se incrementaran en un 30%, la rentabilidad sería siendo positiva, alcanzando hasta un 10,37%.
El estudio de viabilidad técnica y ambiental para un intercambiador carretera-ferrocarril en el sur de la Comunidad Valenciana define los beneficio sociales que podría traer esta infraestructura en base a dos parámetros. Por un lado, beneficios por ahorro en el valor del tiempo teniendo en cuenta la diferencia de precio existente entre transportar mercancías por carretera y hacerlo por ferrocarril. En este sentido, indica que transportar una tonelada de mercancía por carretera a la Unión Europea cuesta 3,94 euros por hora y tonelada, mientras que hacerlo por ferrocarril supone menos de la mitad, 1,61 euros. Por otro lado, también se barema el impacto que genera el transporte por carretera con más congestión de tráfico que sufren todos los conductores, la accidentalidad, la contaminación del aire y las emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros.
El estudio realizado por la UA calcula que son cerca de un millón de toneladas de mercancía las que la Vega Baja importa cada año a Europa, principalmente a Francia y Alemania. A esto habría que sumarle las potentes industrias del Baix Vinalopó, como la del calzado. La idea es que este intercambiador no sólo preste servicio a la comarca situada más al sur de la Comunidad Valenciana, sino también a otras localidades cercanas como Crevillent, Elche o Santa Pola. Se pasa así a una proyección que tendría más bien un carácter provincial posicionando el sur de la Comunidad como una zona estratégica en la que se ganaría en competitividad, lo que se espera que atraiga a nuevos inversores.
Ubicación estratégica
La zona que se señala como más idónea para ubicar el puerto seco está emplazada en el municipio de San Isidro. En primer lugar, porque por en dicho término municipal la vía del tren existente incluye un tramo en línea recta de cerca de 2,3 kilómetros. También hay que tener en cuenta que a su alrededor se emplazan hasta seis polígonos industriales, que son los de Catral, Albatera, Cox, Granja, Callosa de Segura y San Isidro. Todos ellos están en un radio máximo de 5 kilómetros en torno a la ubicación en la que se quiere disponer el intercambiador. Además es el municipio fronterizo con el Baix Vinalopó, por lo que la infraestructura quedaría emplazada entre las dos comarcas.
Aunque la idea inicial era estudiar la posibilidad de habilitar también una Zona de Actividades Logísticas junto al intercambiador, finalmente se ha optado por incluir en principio la infraestructura ferroviaria por motivos de eficiencia. Aun así, se mantendría la posibilidad de reservar 174 hectáreas de terrero para convertirlas si es preciso en suelo industrial, algo que por ahora no se cree necesario debido a la cantidad de polígonos emplazados a escasos kilómetros de ese punto.
Ahora que el estudio de la UA ya está hecho gracias a la implicación de los Ayuntamientos de Callosa de Segura, Albatera, San Isidro, Cox, Granja de Rocamora y Catral, que han sufragado los 50.000 euros que costaba, el siguiente paso es acudir a una reunión que varios alcaldes mantendrán el viernes en el Ministerio de Fomento. Si los técnicos avalan la idoneidad del proyecto, se podrá buscar financiación europea para elaborar el plan de ejecución que dejaría todo el plan acabado a falta de su construcción.
Y mientras el trabajo técnico y administrativo avanza, lo que echan en falta algunos de los alcaldes impulsores es que se sumen más municipios de la Vega Baja y también del Baix Vinalopó y se deje atrás el posicionamiento político que ha hecho que, hasta ahora, no se hayan pronunciado los ayuntamientos de algunas grandes poblaciones.
