La acusación pidió ayer una multa de 300 euros para la edil de Ciudadanos, Paqui Parra, por supuestas coacciones -delito leve- a un afiliado de esta formación. Este militante denunció que fue desalojado por un Policía Local por orden de la concejal cuando se encontraba en el despacho del grupo. En la vista oral de ayer el Policía Local declaró que Parra le pidió acudir al despacho al encontrarse a alguien que no conocía en su interior y tras consultar con el alcalde si Ciudadanos había asignado el puesto de secretario, algo que no había sucedido. Parra pidió al agente que reclamara a ese vecino, que además llevaba llave del local, que lo dejara. También declaró la portavoz y edil Pilar Gómez que con su versión respaldó la actuación del afiliado denunciante, asegurando que Parra sí lo conocía. Parra está defendida por los servicios jurídicos de Ciudadanos que piden su absolución. El fallo estará en un par de días.