Una deuda de 34.088,74 euros por parte del Ayuntamiento tras finalizar el contrato con Solred, la empresa encargada de suministrar el combustible a diferentes vehículos municipales, entre ellos la flota con la que patrulla la Policía Local, ha originado que, desde el pasado jueves, se les haya «cortado el grifo» a los trece coches policiales y la decena de motos que utilizan los agentes para dar servicio, lo que ha dejado a buena parte de ellos en el garaje al no poder circular.
La situación es tan grave que durante la jornada de ayer, y coincidiendo con el dispositivo especial de Todos Los Santos para cubrir los 12 cementerios de la ciudad, tan solo pudieron contar con un vehículo de patrulla y otros dos furgones, camuflados y de atestados. Así, con estos dos furgones se trasladó a los agentes «como si de un autobús de línea se tratase», criticaron algunos de ellos, por todas las pedanías, dejando a las patrullas solas y sin posibilidad de desplazarse ante posibles incidencias. Sin embargo, la situación podría complicarse todavía más durante el día de hoy, pues estos tres vehículos podrían llegar también al límite -de hecho, ayer alguno ya estaba en la reserva-, por lo que también dejarían de estar operativo, obligando a los agentes a tener que patrullar a pie por el casco urbano y dejar de lado por completo las pedanías al no poder desplazarse varios kilómetros.
Los agentes han agotado todas las vías disponibles para obtener combustible, hasta el punto de que han vaciado los depósitos de la decena de motos de patrulla de las que disponen para poder abastecer a los vehículos, por lo que tampoco pueden efectuar el servicio en moto.
Desde la unidad sindical de UGT del Ayuntamiento de Orihuela ya denunciaron el lunes esta situación, como publicó ayer INFORMACIÓN. Si la «sequía» de carburante va a más y desde el Consistorio no se da ninguna solución, estudiarán medidas más serias de protesta ante un hecho que no solo supone una merma en sus recursos de trabajo, sino que pone en jaque la seguridad de todo el municipio.
«Nadie me ha dicho nada»
La edil de Seguridad Ciudadana, Mariola Rocamora, apuntó ayer que «mañana -por hoy- me enteraré de si tienen gasolina o no. A mí nadie me ha dicho nada. Es la primera noticia que tengo», se limitó a decir. Sin embargo, el asunto no habrá pillado a nadie de sorpresa en el Consistorio, pues la mercantil Solred ya informó con un escrito al Ayuntamiento a finales de mayo, y entró por Registro al Consistorio a mediados de junio, advirtiéndole de que habían detectado una deuda por la ya citada cantidad que se remonta al impago de cuatro facturas, correspondientes a las mensualidades de diciembre de 2014, diciembre de 2015 y marzo y abril de 2016. Solred ya advertía de que, si no se pagaba la deuda, se cortaría el servicio a finales de ese mismo mes de junio. A pesar de la advertencia, la mercantil ha seguido prestando el servicio hasta la finalización del contrato el pasado jueves, según fuentes sindicales, pero una vez acabado el mismo, y tras comprobar que la deuda no había sido saldada, desde la dirección central de la empresa se ha prohibido seguir abasteciendo al Ayuntamiento.
Las críticas al equipo de gobierno se han hecho esperar, y desde Claro pidieron explicaciones ayer al PP y C's, con quien los populares mantienen un pacto de gobernabilidad. El problema se ha hecho efectivo a la Costa, donde tampoco han podido repostar las patrullas que prestan servicio en el litoral, dejando sin seguridad, denuncian desde el partido, a cerca de 40.000 vecinos. Este diario trató ayer de contactar con fuentes municipales para conocer cuándo y cómo se resolverá este problema, sin éxito. Por tanto, no se sabe aún en qué punto está la renovación del contrato o si se plantea resolver el problema, hasta que lo haya, con un contrato menor para poder obtener combustible y restablecer la vigilancia policial con normalidad.
