El Ayuntamiento de Orihuela ha adjudicado el contrato para el servicio de defensa y asesoría jurídica del municipio al bufete Ros y Castejón, vinculado al conocido letrado Federico Ros. La administración local pagará por este servicio 70.785 euros anuales, lo que supondrá un ahorro de casi 150.000 euros en comparación con lo que se venía pagando durante los últimos años a varios abogados para que defendieran al Consistorio en diversas causas judiciales.
El portavoz adjunto del gobierno municipal, Rafael Almagro, explicó ayer que al proceso de licitación se presentaron tres candidatos, de los cuales uno fue descartado por incumplir los requisitos. De los otros dos, uno obtuvo 20 puntos en el proceso de baremación y el que ha resultado adjudicatario el doble, con 40 puntos.
La duración del contrato adjudicado a Ros y Castejón tiene una duración inicial de dos años, más otros dos de posible prórroga. Almagro defendió ayer las «bondades» de haber licitado este servicio mediante un proceso público debido a que el gasto por este concepto era mucho mayor cuando la administración local contrataba a diferentes letrados en función de las causas judiciales, lo cual aumentaba los costes. Según el equipo de gobierno, en 2014 se gastó casi 189.000 euros y en el 2015 más de 216.0000 euros, mientras que ahora se prestará por 70.785 euros anuales.
«Es obvio y salta a la vista que es un contrato que favorece mucho los intereses del Ayuntamiento y los ciudadanos ya que consigue un importante ahorro, prosiguió ayer el portavoz adjunto del gobierno.
Desde el momento en el que se firme el contrato, que según Almagro será en los próximos días, el citado bufete asumirá todos los casos nuevos pero no los que ya están en curso, que seguirán con los letrados designados con anterioridad. La licitación de este contrato motivó cierta polémica entre el sector de la abogacía al estimar que los requisitos que se pedían imposibilitaban que muchas firmas pudieran acceder a él. La cláusula más polémica era acreditar que se han dirigido 50 procedimientos judiciales actuando en defensa de consistorios de poblaciones superiores a 85.000 habitantes. Además se criticó que el concurso público se anunciara en el Boletín Oficial de la Provincia el 12 de agosto, dando de plazo hasta el día 26 del mismo mes, al tratarse de unas fechas en la que la mayoría de letrados estan de vacaciones porque sólo los juzgados de Instrucción están operativos en agosto.
