El Partido Demócrata de Rojales (Pader) ha registrado una querella en los juzgados de Torrevieja para que se investigue la posible irregularidad cometida por los miembros que conforman la junta de gobierno municipal -que son cuatro ediles del PSOE, entre ellos el alcalde, Antonio Pérez- por aprobar el pago de más de 100.000 euros en facturas a una empresa que ha realizado trabajos eléctricos para el Ayuntamiento. Esa cantidad se ha venido abonando en lo que va de legislatura sin ningún tipo de contrato y a una misma mercantil, elegida a dedo por los gestores municipales. Todo ello a pesar de los múltiples reparos interpuestos por lo órganos de Tesorería e Intervención, que advirtieron en numerosas ocasiones que debido al importe de las facturas y la duración del servicio, el Consistorio estaba incumpliendo la legislación puesto que tenía que salir a licitación pública.

El Pader, que está en la oposición, cree que los hechos que se han venido repitiendo durante toda la legislatura y pese a las advertencias de los técnicos municipales, puede ser constitutivo de un delito de prevaricación continuada, por lo que pide a los jueces que inicien una investigación solicitando toda la documentación relativa a este asunto y llamando a declarar a los concejales a los que imputa la comisión de ese supuesto delito.

En la exposición de hechos de la denuncia se expone que el equipo de gobierno socialista «ha venido adjudicando a la empresa Electricidad Ansa SL la prestación del servicio de mantenimiento eléctrico en el Ayuntamiento omitiendo totalmente el procedimiento legalmente establecido». Prosigue que «debido a esa adjudicación irregular se han tenido que abonar facturas, a pesar de los informes emitidos por los departamentos de Secretaría e Intervención», que apuntaban a que se ha estado incumpliendo los procedimientos de contratación previstos en la Ley de Contratos del Sector Público.

El volumen total de facturación por trabajos eléctricos sin contrato asciende a 93.136 euros entre junio de 2015 y junio de 2016.

Pero la gota que ha colmado el vaso para este grupo de la oposición es que siguen llegando más facturas a nombre de otra mercantil, también por trabajos eléctricos. El Pader relata al juez que los concejales que conforman la junta de gobierno, aún siendo conscientes de la irregularidad de los pagos y pese a las reiteradas advertencias tanto de los técnicos como de la oposición, no sólo no han cesado en su actitud, sino que desde julio de 2016 han realizado más pagos. En este caso, a una mercantil que al parecer pertenece a los mismos titulares que la anterior, sumando otros 14.244 euros.

A pesar de que esos últimos pagos podrían ser legales puesto que no superan los 18.000 euros que establece la legislación para sacar el servicio a concurso público, los técnicos han vuelto a poner reparos, y el Pader quiere que se explique ante un juez qué esta pasando.

En la actualidad el Ayuntamiento está ultimando el proceso para adjudicar el servicio del mantenimiento eléctrico, pero el Pader cree es que ese procedimiento se ha tramitado con «dolosa lentitud» y pide que se investigue el porqué.