Aunque la denuncia del Pader sólo estima el gasto supuestamente irregular realizado en lo que va de legislatura, lo cierto es que esa práctica se ha repetido al menos desde 2011, según un informe de los técnicos municipales. Esto habría generado el pago de facturas a esa empresa por una cantidad global que se acerca al medio millón de euros. Los departamentos de Secretaría e Intervención han determinado que, por estos hechos, el Consistorio ha vulnerado la normativa contractual que obliga a sacar este servicio a licitación pública.

A pesar de que durante todos estos años los técnicos han puesto reparos al pago de las facturas al entender que se estaba vulnerando la legalidad por no existir un contrato, el Ayuntamiento ha venido efectuando los pagos a la empresa. m. a. r.