El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, gobernado por Ignacio Ramos(PSOE), recurrirá la sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo de Elche que condena a la administración local a pagar más de 2,3 millones de euros al adjudicatario del parking del Centro Cultural Mariana Baches, más conocido como «La Paloma». El regidor defendió ayer que la polémica obra entorno a este proyecto, que está paralizado desde 2006 por sobrecostes, se hizo conforme a la legalidad e insistió en la importancia de terminar de ejecutarlo para que el municipio tenga el edificio operativo cuanto antes.

El regidor Ignacio Ramos valoró ayer en que «las cosas se han hecho bien y ajustadas a la legalidad, pero tras la solicitud de modificado del proyecto inicial que suponía un incremento millonario y un desfase económico para las arcas municipales y en base a los informes de los técnicos, se acordó la suspensión de las obras en el año 2006, y más tarde en 2008 la resolución parcial que afectaba al contrato del parking».

Por ello, tras la resolución parcial del contrato el 24 de junio de 2008, y transcurridos cinco años y un mes, por primera vez el 26 de julio del año 2013, la empresa concesionaria reclamó en vía administrativa la indemnización por las obras ejecutadas (2,3 millones) y 133.000 euros por lucro cesante, explicó ayer el primer edil.

Según mantiene Ignacio Ramos, en el año 2006 la construcción de la Casa de Cultura estaba a un 50% y el parking tenía ejecutadas el 95% de la obras, es decir «había una velocidad de construcción distinta del centro y el parking, porque estaba claro que eran dos obras diferentes».

Defensa

Esa es una de las líneas de defensa que mantendrá el consistorio en su recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, pues entienden que el adjudicatario de la zona de aparcamiento no terminó el proyecto cuando ya restaba muy poco para concluir su parte de la obra

«Ahora nos piden responsabilidad y por eso vamos a apelar, sin entrar en la politización, pues no ha sido y no va a ser un tema político», prosiguió Ramos.

Cabe recordar que la UTE Urdemasa SA e Infraestructuras Terrestres SA se adjudicó en 2002 las obras de este centro cultural y auditorio a cambio de quedarse con la concesión de la zona de aparcamiento, ubicada en el sótano. Pero el Consistorio acabó suspendiendo la ejecución del proyecto en 2006 al dispararse el presupuesto inicial de los 2,4 millones previstos hasta los 12 millones. La obra se quedó a medio hacer, actualmente está casi en ruinas, y la UTE pidió la resolución del contrato en 2013, exigiendo en los juzgados una compensación económica. La primera sentencia ligada a este asunto ha llegado recientemente y condena al Consistorio a pagar ca la UTE 2.225.863 euros por el valor de las obras ejecutadas y otros 133.551 euros por lucro cesante.

Por su parte, el portavoz municipal, Alfonso Armenteros, insistió ayer en que ya ha pasado una década desde que se paralizó el proyecto y «lo importante es continuar con las obras y que el centro se termine, que es lo que realmente necesita nuestro pueblo»

Armenteros valoró que el municipio «necesita de un auditorio, una biblioteca en condiciones y un museo, por ello creemos que todos los grupos políticos lo vamos apoyar y en lo que todos vamos a trabajar».