El dueño de la empresa subcontratada por las adjudicatarias de un tramo del AVE entre Alicante y Murcia, Juan Ortín, reconoció ayer por segunda vez que pagó comisiones que iban destinadas a varios investigados en la operación César, que indaga en un presunto fraude de hasta 17 millones en estas obras. Ortín, que ha declarado hoy de nuevo en el Juzgado de Instrucción de Murcia que dirige las investigaciones, ha mantenido lo que ya manifestó en su día durante un interrogatorio en el que llegó a decir que calculaba que había entregado entre cuatro y cinco millones de euros, han informado a Efe fuentes jurídicas. Esas entregas de dinero, ha reiterado, las hizo a uno de los investigados, Antonio José Fernández, hermano del ingeniero del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, José Manuel Fernández, otro de los imputados.
Ortín ha mantenido al ratificar su anterior declaración que en principio llevaba el dinero en metálico en sobres, que entregaba, según sus manifestaciones, a Antonio José Fernández en una oficina de este, pero que después se compró un bolso tipo bandolera para hacer el traslado del dinero.
Otra declaración
Ayer también prestó declaración como investigado un encargado del anterior, Ángel Linares, quien aseguró desconocer que se cometiera operación defraudatoria alguna en torno a las obras que se facturaban. Al ser preguntado sobre si las mediciones de las obras realizadas y por las que se emitían las correspondientes facturas se correspondían con la realidad, señaló que como desconocía las que figuraban en los proyectos, no podía saber si las liquidadas eran correctas o no. También manifestó que él estaba a pie de obra y que informaba a las constructoras, periódicamente, de la labor desarrollada, pero que desconocía qué datos eran los que figuraban en las facturas. Linares declaró que Ortín no le dijo nunca nada de que se inflaran los precios, para añadir que en ocasiones acompañó a aquel cuando acudía al banco a retirar el dinero que luego entregaba, supuestamente, a Antonio José Fernández.
Por último, señaló -según las mismas fuentes- que ni el juez privativo de Aguas de Orihuela, Jesús Abadía, ni el exsecretario, Aníbal Buenos, ambos, también investigados, realizaron nunca trabajo alguno para la empresa de Juan Ortín. La conocida por operación César investiga un presunto fraude en las obras del tramo del AVE comprendido entre Crevillente y Murcia que, según los investigadores, podría superar la cifra de 17 millones de euros. La defraudación se habría cometido con la emisión de facturas falsas o con otras que fueron expedidas por un importe muy superior al de los trabajos.
