La baja de uno de los técnicos de la Conselleria de Justicia encargados de negociar con el Ayuntamiento de Orihuela un acuerdo de cesión del edificio de los antiguos juzgados al Consistorio oriolano y el pago de un alquiler por el Palacio de la Justicia, que se construyó con cargo a las arcas municipales por seis millones de euros, es la responsable de que aún no se haya rubricado el acuerdo, pese a que tanto el equipo de gobierno como la Generalitat esperaban poder cerrar un trato a finales de agosto.
Así lo manifestó el edil de Patrimonio, Rafael Almagro, quien apuntó que espera que el acuerdo pueda cerrarse en breve. Las últimas noticias datan de finales de julio, cuando el Ayuntamiento exigió a Justicia el pago de 150.000 euros anuales por el alquiler de la sede judicial oriolana, propiedad del Ayuntamiento y que desde su construcción, con dinero municipal, ha disfrutado la Conselleria sin abonar un euro. Desde Justicia, se contraofertó con 50.000 euros anuales y la cesión de otros inmuebles, como la Casa Natal de Miguel Hernández para su apertura, ya que actualmente se encuentra cerrada, y el Museo de La Muralla, también de propiedad de la Generalitat.
Sin embargo, y a falta de avanzar la negociación, Almagro mantiene que «lo justo es el pago de un 3% del valor de los nuevos juzgados -esos 180.000 euros- y la cesión del antiguo. En el caso de la casa natal de Miguel Hernández, pertenece a Orihuela de por sí, ya debería estar cedida, por lo tanto no puede entrar dentro del acuerdo, es algo que pertenece a Orihuela, pero no por usar los antiguos juzgados y dejar que se sigan ocupando los nuevos por parte de la Conselleria. Son dos procedimientos distintos», insistió.
Las negociaciones se estancaron a finales de junio, cuando, pese a estas posturas encontradas, ambas administraciones manifestaron que estaban muy cerca de un acuerdo, y que este podría cerrarse, pese al periodo vacacional, el mismo agosto, sin que se produjera finalmente.
Disfrute
El único punto en común, tras numerosos desencuentros, es que el uso y disfrute del edificio de los antiguos juzgados, a escasos metros del Ayuntamiento, frente a la Iglesia de las Santas Justa y Rufina, se realizará mediante una cesión de la Conselleria al Ayuntamiento, y no una reversión. La decisión llega tras el criterio de una mesa técnica que se constituyó en abril para contemplar la legalidad de la reversión, que fue descartada al haberse agotado el plazo legal para su petición.
El conflicto con los antiguos juzgados viene de lejos, con varios intentos de cerrar un acuerdo desde la pasada legislatura, y numerosos enfrentamientos entre ambas instituciones. De hecho, la anterior concejal del equipo de gobierno del tripartito, Antonia Moreno PSOE), llegó a amenazar con desahuciar el actual Palacio de Justicias al no hacer frente la Generalitat a su pago. Las relaciones entre el gobierno del Pacto del Botánico y el PP de Orihuela están siendo más diplomáticas, pues ambos han mostrado su voluntad de llegar a acuerdos, tanto por parte de la propia consellera, Gabriela Bravo, como por el presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig.
