La Asociación de Vecinos Torreta III puso en manos de un despacho de abogados la elaboración de un estudio para conocer la realidad en la que se encuentra esta zona de la ciudad. También encargó la redacción de un informe técnico sobre la situación urbanística actual de la Torreta III. Según el informe de este despacho, entre licencias de obras, cédulas de habitabilidad, IBI y cesiones obligatorias, el Ayuntamiento de Torrevieja habría ingresado en sus arcas municipales durante estos treinta años, más de 9.000.000 de euros, "sin contraprestación suficiente por su parte".
En la documentación jurídico-técnica sobre el Convenio CV-2 "Punta de La Víbora", aportada ante el registro del Ayuntamiento se aportan además planos referidos a las previsiones de desarrollo en el proyecto de urbanización: alumbrado, viales, alcantarillado, pavimentos. Elementos que "no se han ejecutado y que acreditan también los planos mostrando la situación real en la que se encuentra la urbanización".
La Torreta III, en la que viven más de 1.500 vecinos, se encuentra, según los residentes, en una situación de "abandono total por parte del Ayuntamiento dado que, a día de hoy, algunas de las infraestructuras aprobadas en el proyecto de urbanización no se han llevado a término, y las que así se ejecutaron a principios de los años 80, han adolecido de las necesarias mejoras de mantenimiento, en especial las zonas verdes que están completamente abandonadas".
Los diferentes corporaciones municipales, durante estos más de treinta años de la aprobación definitiva del convenio, "siempre han alegado la no recepción del Proyecto de Urbanización. Con la documentación aportada en el día de ayer en el Registro, el despacho considera que legalmente durante estos años se han dado todos los pasos administrativos para que hoy podamos considerar tácitamente recepcionada la obra".
En la propia nota de prensa de los vecinos se indica que uno de sus abogados del despacho en el que han confiado, Chapapría- Navarro, Vicente Chapapría, fue el encargado de asesorar a Justo Antonio Quesada, promotor del convenio, en el desarrollo del mismo, así como la elaboración del proyecto de compensación.
El Ayuntamiento además de mantener durante treinta años y ahora que las obras no están recepcionadas, recuerda además que los terrenos de uso común y equipamiento, y las calles interiores del residencial, aparecen en el registro de la propiedad a nombre de la constructora, lo que dificulta y mucho cualquier actuación urbanística.
Sin embargo, es la actual legislación la que aclara que debe ser mantenido cualquier espacio común de un residencial abierto al uso de sus residentes, al margen de no haber sido recepcionado y pese a las graves deficiencias que presente, como es el caso -hay calles y plazas de tierra-, debe ser asumido por el Ayuntamiento.
Los representantes de la asociación de vecinos acuden puntualmente a cada uno de los plenos del Ayuntamiento para hacer constar su reivindicación.
