La Generalitat ha comenzado el proceso para declaración formal de Sierra Escalona y la Dehesa de Campoamor como Parque Natural, una figura reivindicada dos décadas por colectivos y asociaciones conservacionistas, y pendiente desde 2006, momento en el que fue anunciada por la administración autonómica.
El alcalde de San Miguel de Salinas, Ángel Sáez (PP), el primer edil de Pilar de la Horadada, Ignacio Ramos (PSOE) y el concejal de Medio Ambiente de Orihuela, Miguel Ángel Fernández (PP), mantuvieron una reunión con el secretario autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático, Julià Álvaro.
En este encuentro, se presentó una nueva delimitación del ámbito a proteger que garantiza, a través del paisaje de mosaico de sierra, pinares y tierras agrícolas de secano, a entender de los técnicos, el entorno ecológico que hace de esta zona una de las más importantes en concentración de aves rapaces de Europa, en especial del búho real. Álvaro, aseguró ayer que «Sierra Escalona será el Parque Natural número 23 de la Comunitat. Es una vieja reivindicación de diferentes colectivos ciudadanos» y de «los propios Ayuntamientos de la zona que lo han reclamado de una manera u otra en sus respectivos plenos municipales».
El secretario autonómico dijo que «era el primer contacto con los consistorios. La propuesta implica, en cuestión de meses, declarar la zona Paisaje Protegido y, posteriormente, avanzar hacia la declaración definitiva de Parque Natural». Álvaro reconoce que «este segundo escalón implica una tramitación mucho más larga, por eso el Paisaje Protegido permite que Sierra Escalona disponga de protección rápida y útil». A los ayuntamientos «les presentamos una primera delimitación de la zona protegida y, a partir de ahí, buscaremos acuerdos entre todos». Ambas figuras, la de parque natural y la de paisaje protegido, se van a redactar en paralelo. La de Paisaje llegará primero y permitirá dotar a todo el espacio de una dirección técnica, e incluso de recursos propios de vigilancia y personal técnico, muy necesario en un territorio en el que policías locales y Seprona lo tienen complicado para responder con diligencia cada vez que se produce una agresión ambiental, muy frecuentes, en especial por construcciones ilegales, roturaciones y abancalamientos sin autorización para transformación de regadío y la amenaza de proyectos residenciales, aparcados durante la crisis y ahora retomados.
Optimismo
La visión de Álvaro es optimista. Al margen de la complejidad jurídica impuesta por sus propios técnicos al objetivo de Parque Natural, algún ayuntamiento no ve nada clara la propuesta -y la negociación acaba de empezar-, pese a haber impulsado mociones en las que pide la protección. Ayer mismo, el concejal de Urbanismo de San Miguel, Sergio Correas, expresó su disconformidad con el borrador de delimitación que se ha puesto sobre la mesa. En primer lugar, porque no había llegado a los ayuntamientos para un estudio previo. En segundo lugar, porque, a su juicio, un primer análisis refleja que al margen del casco urbano, el Parque Natural ocuparía 80% del término y el 20% restante -el situado entre la laguna de Torrevieja y la CV-95 ya figura como suelo agrícola tradicional-. Para Correas se trata de una propuesta que limita el crecimiento futuro de un municipio escarmentado con sus propias previsiones de desarrollo: El Tribunal Supremo tumbó el Plan General que pretendía la construcción de 40.000 viviendas por carecer de evaluación de impacto ambiental. Correas dijo que, siempre según los primeros datos, la delimitación «presentada como de máximos», podría doblar las 10.000 hectáreas recogidas en el fallido decreto de creación del parque natural de 2006, y se solapa, en su opinión, con suelos calificados como urbanos, aunque sin desarrollar, en Orihuela y Pilar de la Horadada.
El edil de Medio Ambiente de Orihuela, Miguel Fernández (PP) se mostró cauto. Dijo que la reunión era una primera toma de contacto y eludió pronunciarse sobre la delimitación. El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada no se pronunció ayer.
