El Ayuntamiento de Orihuela adeuda 4.470 euros a la letrada que ha defendido los intereses del municipio durante la fase de instrucción de la rama del caso Brugal que investiga el supuesto amaño de la contrata de basura municipal.
La abogada ha sido destituida por el equipo de gobierno alegando una «mayor confianza» en otro abogado, José Miguel Porras, al que ha contratado de forma directa, sin concurso público, por una cuantía de 21.296 euros.
El proceso judicial se encuentra ya en su fase final y está previsto que en breve se fije la fecha de la vista oral. La Fiscalía pide
12 años de cárcel para José Manuel Medina por prevaricación, fraude y cohecho, y ocho años para Mónica Lorente por un delito de fraude. m. a. r.
