El equipo de gobierno de Orihuela ha decidido cambiar al abogado que defiende al Ayuntamiento en la pieza del caso Brugal que investiga el presunto amaño de la contrata de basuras de la ciudad. La decisión se adoptó ayer en Junta de gobierno para poner al frente del proceso al letrado José Miguel Porras, apartando así de la causa a la abogada Cristina Hernández, nombrada durante la pasada legislatura por el gobierno del entonces alcalde Monserrate Guillén y quien ya había realizado su escrito de acusación.
Según explicó ayer el portavoz municipal, Rafael Almagro, el abogado elegido ya ha trabajado para el Ayuntamiento «incluso en la anterior legislatura y puede aportar mucho al caso». La decisión, prosiguió, se ha tomado por «la relación de confianza que debe existir entre el letrado y el cliente». «No quiere decir que no confiáramos en la anterior letrada ni que no fuera profesional, pero (Porras) puede aportar mucho al caso». La designación del nuevo abogado se ha realizado de forma directa, sin concurso público, adjudicando el contrato por un importe que asciende a 21.296 euros hasta el final del expediente.
La determinación de cambiar de abogado fue criticada ayer por la oposición de Cambiemos Orihuela. La concejala Marta Guillén se preguntó «con qué intereses se ha cambiado ahora de abogado» y tildó la decisión de «irresponsable» debido a que se trata de un caso judicial que ya está muy avanzado y es lo bastante complejo como para modificar ahora al letrado.
Pago de facturas
En otro orden de cosas, el portavoz municipal dio cuenta ayer del resto de asuntos abordados en la reunión de la Junta de gobierno, como la aprobación de varias relaciones de facturas por un importe total de 127.991 euros. El edil explicó que también se ha adjudicado de forma directa el arrendamiento de un local de participación ciudadana en La Aparecida por un importe anual de 10.266 euros.
«Hemos regularizado así este contrato pendiente desde el año 2014, por lo que seguimos poniendo solución a la gestión del equipo de gobierno anterior», explicó el edil. Otro de los asuntos aprobados fue un contrato del servicio de desinfección, desinsectación, desratización y control de aves por un importe de 59.000 euros anuales.
Otro de los expedientes que recibió el visto bueno fue el relativo al del alquiler para el archivo municipal por importe de 1.800 euros mensuales que, como ya avanzó el concejal de Patrimonio, «supone un ahorro de más de 17.000 euros anuales». Este asunto también desató críticas en Cambiemos puesto que la formación considera que la actual corporación todavía no ha sido capaz de alcanzar un acuerdo con el Consell para la cesión del antiguo edificio de los juzgados, algo que, cuando se haga, permitirá llevar allí múltiples servicios municipales y ahorrar miles de euros al mes en concepto de alquileres.
Almagro explicó también que el gobierno local ha acordado definitivamente retrotraer el convenio marco que se iba a firmar con el resto de municipios costeros de la comarca -Guardamar, Torrevieja y Horadada- y que perseguía fomentar acciones para el impulso del turismo y el desarrollo económico y cultural de todo el litoral.
Cultura
En materia de cultura, la Junta de gobierno dio ayer luz verde al acuerdo de colaboración con el MARQ para exponer la muestra «Guardianes de piedra. Los castillos de Alicante», en el Museo San Juan de Dios del 4 de noviembre al 15 de enero. El importe de esta actividad asciende a 3.591 euros, donde incluye montaje y transporte, así como un cajón adicional sobre la información de Orihuela y una maqueta del Castillo oriolano. En el área de Festividades, se acordó solicitar a la Generalitat la aprobación de los festivos locales 17 de julio -Fiestas de la Reconquista- y 8 de septiembre -día de la Virgen de Monserrate-.
