La Junta de gobierno de Orihuela dio cuenta ayer de la desestimación de un recurso de reposición interpuesto por un letrado contra el pliego de cláusulas administrativas para licitar la defensa jurídica del Ayuntamiento. En concreto, la causa alegada era que el consistorio exigía una solvencia exigida a los abogados que se presentaran al proceso, algo que ha sido desestimado, prosiguiendo así la continuidad del expediente.
El contrato está valorado en 195.000 euros más IVA y en el pliego de condiciones se exige a los aspirantes «una declaración jurada sobre el volumen anual de negocios» en el ámbito de la abogacía por importe de al menos 100.000 euros y una póliza de seguro por la misma cantidad. m. a. r.
