El juzgado de lo Contencioso 1 de Elche prepara una ejecución de embargo contra los concejales que en enero de 2013 formalizaron un recurso contencioso-administrativo tras la decisión de Bob Houliston, presidente de la mesa de edad del pleno de Orihuela, de levantar la sesión sin permitir que se votara, lo que hubiera hecho alcaldesa a Pepa FerrandoPepa Ferrando, entonces presidenta y edil del Partido Popular, gracias al respaldo de los 12 votos de su grupo más los de Juan Ignacio López-Bas y Pedro Mancebo, de CLr-Claro. Como se recordará, el juzgado desestimó aquella reclamación que se dirigía no sólo contra el propio Houliston, sino contra la concejala Carolina Gracia -quien aquel día formaba parte de la mesa de edad- o contra el entonces alcalde, Monserrate Guillén (Los Verdes), quien se mantuvo en el cargo hasta final de mandato.
En julio de 2015, un mes después de concluir aquel convulso mandato -Pepa Ferrando y otros tres compañeros del grupo fueron expulsados del PP en enero de 2015 por negarse a votar una moción contra la corrupción por dos veces-, la magistrada hizo pública una sentencia por la cual venía a decir que los votos de López-Bas y Mancebo no valían porque eran tránsfugas y la decisión de Houliston fue ajustada a derecho. Aquella resolución no se recurrió y se abrió la pieza final: la ejecución de sentencia por la cual los que habían ganado: no sólo los recurridos, sino también los concejales de Los Verdes y del PSOE que se personaron en las actuaciones, al igual que el propio Ayuntamiento de Orihuela; tenían el derecho de reclamar las costas de sus abogados. En total, las de seis letrados. Entre ellos había nombres ilustres, como el de Carlos González, actual alcalde de Elche; o Fanny Serrano, entonces asesora externa del Ayuntamiento de Orihuela y ahora portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torrevieja.
Poder
No todos han reclamado la minuta que supone unos 726 euros por letrado. De hecho, sólo uno la ha reclamado, según la documentación que obra en poder de este diario. El juzgado, entonces, procedió a solicitar el pago de la minuta a los 14 «perdedores»: Mónica Lorente, Mariola Rocamora, David Costa, Dámaso Aparicio, José Manuel Cutillas, Roberto López, Pedro Mancebo, Víctor Bernabé, José Antonio Aniorte, Pepa Ferrando, Encarna Ortuño, Antonio Rodríguez Barberá, Araceli Vilella y Juan Ignacio López-Bas. Sólo dos de ellos han consignado y lo han hecho en la parte que les correspondía sobre esta cantidad, es decir, en 51,86 euros.
El problema es que la magistrada no da por bueno estos pagos porque la reclamación es solidaria; es decir, no consiste en que pague cada uno su parte sino que se consigne el total. Pero eso no ha ocurrido con lo cual sigue estando ambos en la misma situación que el resto... aunque ahora todos deben algo menos, exactamente 103,72 euros menos que es lo que ambos han depositado.
Tanto López-Bas como Aparicio han solicitado que no se dirija actuación contra ellos porque, al fin y al cabo, han pagado. Otra cuestión es lo que decidan ahora los recurrentes, que pueden dirigir sus acciones contra cualquiera de los obligados al pago o contra todos. Cuatro de ellos siguen en la Corporación: López-Bas, Aparicio, Ferrando y Rocamora, que les embarguen a cualquiera de ellos la nómina (o a todos) siendo cargos públicos no sería plato de buen gusto.
