La Federación Provincial de Asociaciones de Alumnos «Enric Valor» ha advertido hoy que la aplicación que la Generalitat quiere realizar de la resolución que ordena la concesión de becas de transporte a centros educativos puede dejar fuera hasta el 75% de los actuales beneficiarios. La Generalitat concede transporte gratuito a los centros a los alumnos de familias que puedan acreditar una distancia a pie por un itinerario seguro de tres kilómetros o más entre el domicilio y el centro educativo.

Raúl Alós, presidente de la Federación y Francisco Pacheco, portavoz de la agrupación de APAs de Torrevieja han explicado en una rueda de prensa que la Conselleria de Educación ha decidido que sea una aplicación del programa de gestión administrativa educativa Ítaca el que realice ese cálculo, sin que los padres de alumnos tengan acceso al proceso, frente al criterio del curso anterior de que fuera la propia administración de cada centro la que hiciera el cálculo. Además la resolución se publicó el 27 de julio, con un mes de agosto inhábil en los centros y con un plazo de presentación de solicitudes de las becas hasta el 5 de agosto. Casi sin tiempo para que los padres puedan reaccionar ante el cambio.

La normativa afecta especialmente a Torrevieja. Una ciudad en la que el grueso de centros educativos se encuentra ubicado en la periferia y el alumnado al que prestan servicio vive en los barrios del centro del casco urbano o en urbanizaciones alejadas de los institutos o colegios a los que están adscritos. Pacheco ha puesto como ejemplo de lo que puede ocurrir si la Generalitat no atiende a la excepcionalidad de la configuración urbana de Torrevieja que el Instituto Mare Nostrum de contar con cinco líneas de autobuses se pasaría a solo una. Y con dudas de si finalmente podría dar servicio porque para que la Generalitat acepte fletar un autobús son necesarias 15 solicitudes.

En estos momentos un millar de alumnos se benefician de estas becas. El pasado curso la Conselleria permitió a los centros que realizaran el cálculo de forma autónoma y siempre valorando la mejor opción para los alumnos, es decir, la que permitiera acceder al transporte gratuito. Este curso podría darse la paradoja de que la Generalitat considerase que los alumnos que estaban el año pasado a tres kilómetros o más según el certificado de sus centros, se hayan «acercado» en función del nuevo cálculo. La restricción de estas becas supone un ahorro económico muy importante para la Generalitat dado que la puesta en marcha de una línea para cincuenta alumnos puede suponer un coste de más de 150.000 euros anuales para la administración autonómica.

Tanto la Federación ya se ha dirigido a la Conselleria para que disponga de una fórmula para que los padres de alumnos tengan al menos una acceso transparente al método que se va a utilizar para realizar el cálculo y que tenga en cuenta algunos condicionantes que la aplicación que se va a utilizar no va a considerar. Pacheco ha explicado que el itinerario seguro a pie debería contemplar circunstancias como el atravesar polígonos industriales, carreteras de gran capacidad como la CV-905, la Nacional 332 o la Avenida de las Cortes Valencianas o el hecho de que los alumnos que tuvieran que realizar el recorrido a pie a las siete y media de la mañana se encontrarían durante buena parte del curso el recurrido sin iluminar, a oscuras.

Fuentes de la Conselleria de Educación aseguraron a INFORMACIÓN que la resolución del transporte no ha cambiado en su criterio de concesión y ha mejorado en algunos aspectos, negando que limite el acceso al servicio. El Ayuntamiento de Torrevieja también ha tenido conocimiento de la preocupación de la comunidad educativa con este cambio, que la Generalitat no reconoce, y se ha dirigido a la Conselleria con un escrito para que se permita a los centros y en última instancia al Ayuntamiento realizar ese cálculo de distancias contemplando todos los condicionantes. El alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes) se dirigió el pasado 25 de agosto a la Generalitat para que tenga en cuenta el problema que puede suponer reinterpretar su propia norma, según han indicado el concejal de Educación José Hurtado Paredes. El edil ha dicho que la Generalitat pretente "hacer un truco" realizando su propia medición de las distancias.

La alternativa para los padres que vean denegada la ayuda es que los alumnos acudan por sus medios, a pie, en bicicleta o automóvil o accedan por el transporte escolar municipal de pago, con un coste mensual de cincuenta euros.