Los investigadores de la trama de presuntas facturas falsas entorno a las obras del AVE, vinculadas al restablecimiento de las infraestructuras hidráulicas afectadas por los trabajos de la Alta Velocidad, y que asume un juzgado de Murcia, cifran el fraude en 17 millones de euros. El desfalco se concentra en las obras acometidas entre el tramo de la línea ferroviaria entre Crevillent y Murcia, en la línea que unirá esta última con Madrid. Al parecer, el fraude se cometía «engordando» facturas derivadas de estos trabajos, tal y como ha admitido uno de los detenidos durante el transcurso de la investigación, un empresario dedicado a la realización de trabajos de topografía.

Este empresario reconoce haber engordado dos facturas que ascendían a 39.100 y 34.300 euros, y admitió haber emitido una factura falsa por valor de 40.000 euros. Durante su declaración, llegó incluso a reconocer que había recibido el encargo de más facturas falsas, que se negó a realizar porque no era amigo de los «cambalaches». Este engordamiento de las facturas rondaba el 20%, si bien se desconoce si esta cifra se expandía a toda la trama o se limita solo al caso de este empresario.

Por su parte, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), ya ha anunciado que se personará en los juzgados como acusación particular, al ser parte afectada. Al fin y al cabo es la empresa pública quien abonó estas facturas por trabajos relacionados con la Alta Velocidad.

La trama se destapó a principios del mes de noviembre, cuando se detuvo, entre otros empresarios y cargos relacionados con la gestión de aguas, a Fernández Pujante , ingeniero del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, así como al exjuez de Aguas, Jesús Abadía; y el exsecretario Aníbal Bueno. Fernández Pujante estuvo varias semanas en prisión al no convencer al juez con su declaración de autoexculpación. Actualmente, continúa al frente de su labor en el Juzgado de Aguas, como ha podido constatar este diario.

El propio Juzgado fue registrado el pasado 31 de noviembre por la Guardia Civil, incautándose documentación relativa a las obras del AVE, si bien la institución como tal no está imputada en la trama de facturas falsas.