El juzgado de instrucción Número 1 de Orihuela ha cerrado la fase de investigación contra el alcalde de San Fulgencio, Carlos Ramírez (PP), considerando que existen suficientes indicios de supuestos delitos de prevaricación, fraude y exacciones legales por la contratación sin concurso de una empresa cuyo única función fue la de emplear a una persona para que ejerciera de conserje del polideportivo La Marina, una actuación que habría causado «una importante defraudación al Ayuntamiento». En este caso estaba también imputada la exalcaldesa Trinidad Martínez, pero el magistrado ha cerrado la causa contra ella al estimar que no existen indicios suficientes de criminalidad, tal y como valoró el Ministerio Fiscal.
El auto judicial ordena pues continuar con la fase de procedimiento abreviado contra Ramírez y contra el responsable de la mercantil que se benefició de los contratos, al que se le acusa de la supuesta comisión de los mismos delitos que al regidor, declarando a la empresa responsable civil subsidiaria.
El juez estima que del resultado de las diligencias practicadas se desprende que entre junio de 2011 y hasta diciembre de 2014 el alcalde mantuvo la contratación iniciada por Trini Matínez con la empresa Servicios Deportivos SC «cuyo único objetivo era, a su vez, la contratación de una persona para ejercer las funciones de conserjería» en el polideportivo, «dándose un supuesto de adjudicación directa, vulnerando las disposiciones legales administrativas de contratación y ocasionando una importante defraudación al Ayuntamiento, al quedarse dicha empresa con 1.000 euros de los que el Ayuntamiento le abonaba». El juez asume así la tesis del fiscal, que estima que se ha causado un perjuicio al erario público siendo la principal beneficiaria la empresa, pues la misma pagaba al trabajador una nómina de 1.000 euros mientras percibía del Ayuntamiento hasta 2.300 euros. En total cobró del consistorio 94.000 euros.
Límite legal
Dicho acuerdo con la empresa lo selló Trini Martínez en marzo de 2011 y lo mantuvo hasta mayo de ese año, cuando perdió la Alcaldía, tiempo durante el cual se le pagó a la mercantil 4.800 euros. Pero esa cantidad que «no superó el límite legal fijado en la Ley para requerir la tramitación de un expediente de contratación». Sin embargo el fiscal apunta que el alcalde mantuvo esa relación con la empresa siendo consciente de la ilegalidad que supuestamente se cometía. Además resalta que se despidió «de forma inmediata» a la persona contratada inicialmente con tal de colocar a un afín del PP.
Por su parte, el regidor mantiene que es falso que se despidiera de forma inmediata a ese trabajador ya que estuvo como empleado 14 meses durante su mandato. Dijo además que él desconocía que no hubiera una relación contractual legal con la empresa y que él se limitó a seguir con el procedimiento que ya había. Dijo que en cuanto se pudo sacó esa plaza a concurso y aseguró que no hace «ni caso» a las peticiones de dimisión que le llegan desde la oposición.
