El Ministerio Fiscal reclama una pena de dos años de cárcel y 14 de inhabilitación para ejercer cargo público para la exedil y empresaria Pepa Meroño, además de reclamar la apertura de juicio oral por el denominado caso «Pilarín». El Fiscal, en su escrito de calificación de los hechos, sigue los pasos del auto de la juez de Instrucción 1 de Orihuela, que determina que de la actuación de Meroño se deriva la presunta comisión de un delito de prevaricación -por el que se pide la pena de 10 años de inhabilitación- y negociaciones prohibidas a funcionarios -del que se derivan los dos años de prisión y otros 4 años de inhabilitación-. También reclama el pago de una multa de 7.200 euros. El Fiscal Pablo Romero indica que de la investigación se desprende que la edil Meroño pese a ejercer como administradora única de la mercantil Torresatelit TV SA, hizo prevalecer su cargo de concejala de Turismo y Nuevas Tecnologías durante el mes de marzo de 2012 y promovió la instalación de dos antenas de difusión de la señal de la firma que gestionaba, en la torre de difusión del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, bajo el argumento de que era un proyecto municipal, denominado «Pilarín».
En concreto, el fiscal Anticorrupción de la Vega Baja señala que Meroño era «plenamente consciente de lo arbitrario de su proceder y prevaliéndose de su cargo» y «que beneficiaba a su empresa Torresatelit TV, lo que repercutía en su propio lucro y beneficio». Promovió «un proyecto que hipotéticamente serviría para promover turísticamente Pilar de la Horadada con una aplicación para los móviles» cuando «el fin que realmente perseguía», según siempre la Fiscalía, «era utilizar torticeramente patrimonio municipal para una actividad privada en provecho propio». En concreto, instalando antenas de su empresa en suelo municipal.
El Ministerio Público dice que bajo el argumento de poner en marcha un proyecto municipal de difusión de la imagen turística de Pilar de la Horadada, Meroño hizo un uso privativo de las instalaciones municipales para potenciar el alcance de la señal para telefonía en Orihuela Costa de su negocio. Como recogió este diario, Meroño fue hasta 2014, en la que tuvo que renunciar a su acta de concejal por la confusión entre sus negocios privados -que se extienden también a Orihuela Costa- y su cargo público, clave en el reparto de poder del municipio durante muchos años.
La Fiscalía pide que en el acto del juicio oral declare como testigo el exalcalde y portavoz del PP José Fidel Ros y el actual acalde Ignacio Ramos.
