El Ayuntamiento de Orihuela debe más de 20 millones de euros entre pagos a proveedores, facturas en el cajón y ejecución de sentencias, tal y como desvela el informe de liquidación presupuestaria del ejercicio 2015 realizador por el interventor Fernando Urruticoechea. Pero estas nos son las únicas cuantías pendientes porque la anterior adjudicataria de las basuras, la UTE Orihuela Capital de la Vega Baja, también le ha reclamado en los juzgados otros 12 millones de euros que no aparecen en esta contabilidad.
Pese a que la ley establece que tras la municipalización de cualquier servicio se ha de crear una junta liquidadora que determine el valor a pagar a la propietaria de los bienes municipalizados (en este caso camiones de basura, contenedores, y máquinas de limpieza), el Ayuntamiento no ha puesto precio a dicha liquidación, por lo que la UTE (Sufi, Gobancast y Liasur) está reclamando en el juzgado de los Contencioso de Elche un importe de 12 millones de euros, que continuará creciendo en concepto de intereses de demora por no realizar la liquidación en tiempo y forma si se les da la razón. Esta cuantía incluye también facturas sin pagar por el anterior equipo de gobierno correspondientes a 2011 y 2012.
El interventor dictamina en su informe que el Ayuntamiento debería haber reservado ese importe en el presupuesto en previsión de que el juzgado dicte sentencia en relación a esa cuantía, aunque se tardará probablemente años en tener una resolución en firme porque habrá recurso por la parte perdedora.
Otro bloque importante en cuanto a deudas municipales radica en el pago de sentencias que, según estimaciones de Intervención, ronda los dos millones de euros, cifra que no puede ofrecerse con exactitud debido al «desgobierno en la recepción y control de las sentencias» en materia de responsabilidad y expropiaciones, apunta el interventor. El funcionario sostiene que esas obligaciones de pago generaron en el 2015 intereses de demora cercanos a un millón de euros, a lo que habría que sumarle otro medio millón por este año -el informe es de fecha del 30 de mayo de 2016-. Sin ir más lejos, el martes la junta de gobierno dio luz verde al pago de tres sentencias que el Consistorio arrastra desde 2011 y por las que se vio obligado a pagar unos intereses de 20.826 por una deuda de 22.000 euros. También está en el aire saber cuánto habrá que pagar finalmente a Urbaser por la sentencia ya firme que resolvió que tenía que haber sido la adjudicataria del servicio en 2007. Esta reclamación superará los 8 millones de euros, según figura en el caso Brugal.
Incumplimiento
El motivo es, según el informe, el «incumplimiento manifiesto» de la Ley de Haciendas Locales, que establece que, al tener conocimiento de una sentencia, el Ayuntamiento debe crear la partida correspondiente al pago de la misma en tres meses, para garantizar la liquidez necesaria.
Todo esto, más otras obligaciones de pago hace que el remanente de Tesorería, que el equipo de gobierno cifra en 11 millones de euros, arroje un saldo negativo de nueve millones de euros. Este dato corresponde a la simulación de que el Ayuntamiento realizase todos estos pagos pendientes y aplicables al presupuesto de 2015, circunstancia que no ha ocurrido.
Entre otras carencias en cuanto al presupuesto de 2015, el interventor apunta a que el equipo de gobierno no ha aportado el plan económico-financiero que exige la ley por haber superado el techo de gasto en 2013, un documento que encargó la anterior Corporación a una asesoría externa, pero del que nunca más se supo. El edil de Hacienda, Rafael Almagró, afirmó a principios de legislatura que «finamente no era necesario».
El interventor deja así en manos del alcalde, Emilio Bascuñana, la aprobación de la liquidación presupuestaria, necesaria para aprobar el presupuesto de 2016 y que el interventor ha informado desfavorablemente; precisamente, porque los números no reflejan la imagen fiel de las cuentas. Con esto el funcionario deja entrever que se ha maquillado la contabilidad. El técnico municipal ya ha puesto en conocimiento del Ministerio de Hacienda esta información, algo que no ha sentado nada bien al alcalde, según fuentes municipales.
