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El contrato que trajo la maldición

Luis Fernando Cartagena firmó un acuerdo con Colsur que ha estado vigente durante dos décadas

El contrato que trajo la maldición

El fiscal Pablo Romero, responsable en la Vega Baja de la lucha contra la corrupción, entregó esta pasada semana otra demoledora calificación en los juzgados de Orihuela, en este caso relativo al pago de facturas sin contrato, que destapa al cabo de siete años de investigación una práctica tan habitual en el Ayuntamiento oriolano que nadie reparó nunca que podría tratarse de un delito, ni los propios investigados. Aquellos concejales -Manuel Abadía, José Antonio Aniorte y Antonio Rodríguez Murcia- hicieron lo mismo que habían hecho o visto hacer, en algunos casos, a los que les precedieron en el cargo: firmar una autorización para que se pagaran trabajos de toda índole, hechos por empresas contratadas a dedo y por cantidades de todo pelo.

Romero, quien ha demostrado sobradas veces que lo suyo no es la diplomacia, en un durísimo escrito -otro más- les pide cuatro años de cárcel (más 12 años y seis meses de inhabilitación para cargo público) a cada uno por un delito de fraude, además de acusarles de prevaricación (otros 12 años y seis meses de inhabilitación para cargo público) porque, asegura, no sólo eran «plenamente conscientes de la flagrante ilegalidad y arbitrariedad que estos actos comportaban, sino también con la finalidad de beneficiar a determinadas empresas, en fraude de los intereses del municipio y del erario público».

Las denuncias públicas de la oposición, entonces representadas por ediles como Antonia Moreno (PSOE) o Monserrate Guillén (Los Verdes) sobre esa irregular forma de actuación, era respondida poco menos que a carcajadas por los entonces responsables municipales -el Partido Popular de José Manuel Medina y, más tarde de Mónica Lorente, quien fue portavoz municipal del grupo popular comandado por el anterior hasta 2007-. No les hacían caso y sus advertencias, al final, caían en saco roto, chocaban contra un muro.

Finalmente, la socialista acudió un día al fiscal coordinador de Elche Ramón Siles y dio el primer paso de un asunto que nadie aún sabe cuándo acabará. Fue después de que el 29 de julio de 2009 el PP aprobara un crédito extraordinario de 4,5 millones de euros para pagar facturas de 2007 y 2008. Eso fue la gota que colmó el vaso.

Tramitación

El fiscal Anticorrupción lo explica muy bien en su escrito: «La falta de la tramitación del correspondiente expediente de contratación comportaba, necesariamente, que el gasto no se hubiera fiscalizado». Es decir, no existía control alguno y eso era tan grave como que el Ayuntamiento tuvo que mover partidas presupuestarias o pedir créditos para hacer frente a los pagos, aunque muchos ni se hicieron con la recomendación -se dice en las actuaciones- a los propios empresarios que reclamaban para que acudieran al juzgado a hacerlo porque, entonces, cobrarían sí o sí.

Nadie reparaba en el incremento de costes -minutas e intereses- que aquella mala gestión reportaría a los oriolanos que, en definitiva, eran los pagadores. Romero explica que hay facturas por 6 millones de euros en las cuales se utilizó esta práctica de firma sin contrato, aunque las actuaciones se refieren exclusivamente a 1,8 millones de euros y a cinco mercantiles beneficiarias. Una de ellas de Ángel FenollÁngel Fenoll, la persona clave en la limpieza de la costa desde el origen de muchas urbanizaciones cuando, siendo aún alcalde Luis Fernando Cartagena, a través de quien se le encomendó de forma urgente la limpieza a través de Colsur. Fue el 3 de diciembre de 1992 y aquel contrato era por un año prorrogable por otro. A pesar de ello, se duró en el tiempo mucho más: en 1999 se aprobó una revisión de precios por acuerdo de la junta de gobierno, otra más el 24 de julio de 2003 y, de nuevo, dos años más tarde, el 19 de abril de 2005. Y todo con un contrato de un año.

Pero no fue el único contrato similar, con Orihuela UTE se suscribió otro, este de limpieza de edificios, el 25 de enero de 2002 sin que tampoco existiera procedimiento público. Era de dos años con una posible prórroga de otros dos. Es decir, su vigencia era hasta el 25 de enero de 2006 pero después de esa fecha, dice el fiscal, se le siguieron satisfaciendo servicios.

Colsur fue la gran beneficiada porque cobró a lo largo de esos años 1,1 millones de euros, también Orihuela UTE, Orihuela Costa Servicios Inmobiliarios, Intensilux o Zaplana y Caselles. Hay cientos de facturas y, también, de otras mercantiles pero estas últimas fueron sobreseídas.

«Los imputados a pesar de las funciones que debían desempeñar en defensa de los intereses consistoriales en el ámbito de la organización interna de las concejalías de las que eran titulares, procedieron a reclamar los servicios que se consignan en las facturas en las que estamparon sus firmas, lo que era requisito previo para proceder a su pago, tratándose estas de facturas de proveedores del consistorio por servicios supuestamente prestados al mismo; lo que comportaría además del reconocimiento del derecho de crédito del proveedor, el desembolso de elevadísimas cantidades de dinero por parte del consistorio oriolano». Curiosamente, aquellos años de vino y rosas coincidieron con el espectacular despliegue político del Partido Popular, que avasallaba elección tras elección. Han pasado más de dos décadas de aquel contrato y a Orihuela siguen reclamándole el pago de facturas.

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