El equipo de gobierno del Partido Popular (PP) de Orihuela pretende «desatascar» en los próximos tres meses los más de 500 expedientes que están pendientes de resolución en Intervención, y lo hará saltándose, precisamente, el informe de legalidad que debe emitir el interventor, Fernando Urruticoechea, pero «valiéndonos de la ley». Así lo explicó ayer el portavoz de gobierno, Rafael Almagro, quien apuntó a que aplicará el artículo 83 de la Ley de Procedimientos Administrativo que establece que «si no se hace el informe de Intervención en un plazo de 10 días hábiles, se podrá seguir adelante con el expediente siempre y cuando cuente con los informes jurídicos y la consignación presupuestaria». Los primeros 24 expedientes ya se aprobaron ayer por junta de gobierno, por lo que a este ritmo se liquidarían los 500 expedientes en unos tres meses.
Entre los asuntos aprobados ayer destaca el convenio con la Escuela de Organización Industrial, por 900.000 euros, para el fomento de empleo entre los jóvenes; y para el cual el Consistorio aportará el 8,11% de esa cantidad,: 72.990 euros; así como las ayudas de emergencia para el pago de la tasa de basuras, por 12.000 euros; subvenciones a campañas de animación comercial, por 40.000 euros; y para ferias comerciales, por otros 20.000 euros. También cobrará el 50% del convenio la Junta Mayor de Semana Santa, por 54.265 euros. En cuanto a pagos relacionados con la gestión municipal, se desbloquearon las mensualidades que el Ayuntamiento otorga a la empresa municipal Ildo, de 27.250 euros cada una, la prórroga del alquiler del local de la Concejalía de Fomento o el pago de los 1.024 euros que reclamó una comunidad de propietarios en el primer pleno que permitió las preguntas del público.
En cuanto a convenios, también se siguió adelante con uno suscrito con la Universidad de Alicante para el desarrollo agrotecnológico, por 14.520 euros; y otro con la Agencia Valenciana de Turismo para el arreglo de infraestructuras higiénicas y lúdicas en las playas, por 12.000 euros. En materia de Deportes, se aprobaron cerca de 200.000 euros en cuatro líneas de subvenciones y el arrendamiento de una parcela en Molins, entre otros.
Almagro admitió que todo esto se hará «sin fiscalización», es decir, sin el control de la legalidad, pero «es algo que la ley permite», y que si no se ha aplicado hasta ahora es porque «lo que se ha intentado es que se las cosas se procuraran hacer con todos los informes» permitentes, pero el estancamiento de estos procedimientos, que datan algunos incluso del año 2014, ha hecho que se opte por esta vía. El edil justificó esta decisión por las continuas bajas que por motivos de salud ha venido arrastrando el interventor municipal, Fernando Urruticoechea en el último año: «Somos los primeros en lamentar, después de él mismo, su estado de salud. Sentimos que no esté en condiciones plenas», pero apuntó que la gestión debe continuar.
