La polémica sobre la ocupación por parte de familias sin recursos de viviendas de titularidad pública, gestionadas por la Generalitat, y destinadas a alquiler joven, no cesa. Ayer la Red de Solidaridad Popular Soledad Díaz (RSP), respaldó abiertamente la actuación de la administración en este asunto en una concentración junto al Ayuntamiento, con la presencia de los ediles Fanny Serrano y Víctor Ferrández, que acudieron como invitados. En ese momento apareció la edil de Ciudadanos (C´s) Pilar Gómez Magán y el concejal del PP Tomás Ballester, en el anterior mandato edil de Servicios Sociales. En torno a 10 de las 40 viviendas con las que cuenta el Consell en la calle Emilia Pardo Bazán fueron ocupadas por familias sin recursos hace una semana. Otras diez viven en ellas tras acceder a través un proceso de adjudicación reglado.
«La titularidad pública es un bien para todos y debe estar preservada para ser redistribuida con criterios objetivos», explicó el portavoz de la RSP. «No entendemos bajo la ocupación de vivienda pública» y es «una tremenda injusticia contra las 260 familias torrevejenses que están en lista de espera para viviendas públicas en Torrevieja», dijo. La Red se pregunta por qué el Movimiento Stop desahucio, el colectivo que ha respaldado las ocupaciones, y parte de cuyos miembros presenciaban la protesta a distancia «no se atreve a hacer los mismo con casas vacías propiedad los bancos». Algo que sí apoya la Red.
Una solución
Justo cuando el portavoz de la Red, ligada a Izquierda Unida, estaba criticando el papel realizado por la portavoz de C´s y letrada Pilar Gómez, la propia edil apareció en escena.
Gómez Magán insistió, dirigiéndose a los convocantes, en que no respalda actos ilícitos de ocupación de casas, pero subrayó que a las familias que han optado por meterse en esas casas vacías hay que ofrecerles una solución. También puso en duda que exista realmente una demanda de viviendas de alquiler joven con precios fijados en estos momentos de en 280 euros, incluyendo el gasto de comunidad y sin contar con el IBI, que también se abona. Precios muy poco competitivos comparados con los del mercado libre en Torrevieja. Recordó que la lista de espera de 260 familias de la que habla el gobierno local y la Red es para un alquiler social que la Generalitat no ofrece en esa promoción.
Los ediles Serrano y Ferrández, calificaron de «ridícula» la intervención instantes antes de Gómez, y explicaron que la oficina municipal de vivienda lleva negociando con la Generalitat el cambio de criterio para adjudicar estas viviendas y que sea posible ofrecerlas a las familias más desprotegidas por menos dinero. Criterios que sólo van a beneficiar a familias en la lista de espera, algo en el que coincidió la Red Solidaria.
