El Partido Popular de la Vega Baja reunió ayer a sus principales cargos en la comarca para exigir a la Generalitat Valenciana que retome el proyecto de construcción de la autovía Orihuela-Torrevieja a través del desdoblamiento de la CV-95. De hecho, ya ha presentado una proposición no de ley que llevará a las Cortes el diputado autonómico Juan de Dios Navarro. Este apuntó en la sede oriolana del partido que esta carretera «es una infraestructura fundamental para reactivar el comercio, la industria» e impulsar la actividad económica de la comarca, pues «se tarda prácticamente lo mismo en ir de Orihuela a Alicante que al litoral», pese a que la distancia es prácticamente la mitad.

Lo curioso es que este es un proyecto que el Partido Popular adjudicó en 2007, siendo presidente Francisco Camps, a la UTE liderada por Lubasa por 94,5 millones de euros, pero, pese a que la ejecución de la obra estaba fijada en un plazo de 36 meses, ni se llegó a iniciar al no encontrar la mercantil la liquidez necesaria para pagar las expropiaciones y el coste de la obra, fijados en cerca de 400 millones de euros. La diferencia entre el precio de adjudicación y el de ejecución radica en que la empresa recibiría lo que se conoce como un peaje en sombra, un sistema que permite que sean las empresas concesionarias las que financien las obras y evita que exista un peaje físico como autopista porque el coste es reintegrado después con dinero público en función de una estimación del paso de vehículos, que en este caso se fijaba para un periodo de 30 años. La entonces edil popular, Mónica Lorente apuntó a que, con esta carretera, Orihuela y la Costa se conectarían en unos 15 minutos frente a los cerca de 40 minutos actuales.

Tras la quiebra de la empresa por falta de financiación desde el gobierno valenciano no se hizo nada para retomar el proyecto en los siguientes cinco años en los que siguió gobernando el Partido Popular y hasta el cambio de gobierno tras las elecciones de mediados de 2015. Quizá consciente de ello, Navarro puso la venda antes de la herida -en cuanto a la crítica política- al apuntar durante la comparecencia que «ustedes estarán pensando que si llevamos 20 años gobernando por qué no hemos dado solución a este problema, pero la obra ya se adjudicó y se suspendió al entrar la empresa en suspensión de pagos».

Críticas

El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, apuntó a que desde el PP son conscientes de que «no será una realidad en 2016 ni en 2017 debido a la situación económica, pero hay que empezar a incluirla en los presupuestos; si no entera, al menos por fases» para que poco a poco vaya tomando forma. Bascuñana insistió en que es una necesidad prioritaria, y aprovechó para cargar duramente contra la política del gobierno valenciano, quien a juicio del primer edil ignora esas necesidades primordiales en la Vega Baja. El regidor sigue sin entender que «se pueda destinar dinero a reabrir la Radiotelevisión Valenciana» y considera que tampoco es prioritario «rescatar hospitales de gestión privada» o «se ataque a la educación concertada». La crítica política, aprovechando la representación del PP en toda la comarca, se trasladó también a la gestión del Consorcio de basura y, de rebote, a la consellera de Agricultura, que pese a ser un motor en la comarca, «aún no la ha visitado».