La Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana, que entró en vigor en julio de 2015, obliga expresamente a los ayuntamientos a hacerse responsables de la conservación de las urbanizaciones, incluidas las zonas verdes, al año de abrirse al público. Lo dice en su artículo 161. Y el Ayuntamiento de Torrevieja debería hacerlo, al margen de si los urbanizadores han dejado los parques «manga por hombro», algo habitual durante los años del boom inmobiliario en Torrevieja. También debe asumirlas, sin considerar si están recepcionadas formalmente y reclama a los promotores que arreglen las deficiencias; de si el Ayuntamiento tiene presupuesto para mantenerlas; o de si están contempladas o no en el contrato de conservación de zonas verdes.

El problema es que, por la actividad económica que generaba en todos los órdenes, la administración local dio autorización durante casi dos décadas, a la construcción de viviendas y a que se vendieran incluso antes que se ejecutaran las zonas verdes. Muchas de ellas, o no se abordaron, o se realizaron de una forma muy deficiente.

En ese situación de zonas verdes «no recepcionadas» pero que hace muchos años que están abiertas al público se encuentran, al menos, media docena de residenciales. Por ejemplo, los más de 25.000 m2 de paseo abandonado en el sector 25, Pozo Dulce, entre la Avenida de las Cortes Valencianas y la Avenida de Víctimas del Terrorismo, con miles de viviendas, colegios y supermercados desde hace más de una década, o las zonas verdes situadas en los aledaños de la Avenida de Tenerife. También se encuentran en la misma situación amplias zonas verdes ubicadas en los residenciales de Las Torretas, construidas a principios de los ochenta, aunque en ese caso, existe un reparo legal importante porque están en zonas todavía en suelo privado, pese a estar abiertas a cualquier vecino.

Si un residente se queja al área de Parques y Jardines porque su zona verde está abandonada, algo que ocurre con relativa frecuencia, el técnico de turno podrá responderle que no está recepcionada, pero nunca dar a entender que el Ayuntamiento no puede ocuparse legalmente de la conservación y mantenimiento, que lo que se está respondiendo ahora.

Empresa

El problema es cualquier actuación que lleve a cabo el municipio en estas zonas estará fuera del contrato que realiza la empresa adjudicataria STV-Gestión, porque solo contempla los parques recepcionados. Es decir, si el Ayuntamiento decide ahora entrar a limpiar y adecentar el paseo -formado por tierra y maleza entre bancos y cientos de brazos de alumbrado sin bombillas- del Sector 25, El Pozo Dulce, deberá afrontar el gasto como extraordinario, a no ser que encontrara una fórmula para emplear a personal ordinario, como el equipo verde, para realizar estos trabajos.

Torrevieja cuenta con 280 zonas verdes distribuidas en dos millones y medio de metros cuadrados, que amparadas en el contrato de mantenimiento. A esas, se van a sumar otras 26 en los próximos meses, aunque no aparecen ni las del Sector 25, ni las de la Avenida de Tenerife en esa previsión.

La ampliación del contrato a STV La Generala supone otros 456.000 euros a los 2,3 millones de euros al año que ya le cuesta el contrato. Sin contar con lo que dice la ley, el mantenimiento de las zonas verdes sigue siendo cuestión de prioridades y rentabilidad política, porque la mayoría de los parques que se van a incorporar ya se están conservando al margen de la contrata. Por ejemplo, las zonas reurbanizadas en los últimos años en el centro de Torrevieja de la Plaza de Oriente, Fotógrafos Darblade, Azorín, paseo Vista Alegre, calle Clavel o la reurbanización de la calle Caballero de Rodas o la Avenida de Baleares.