El jefe de la Policía Local de Orihuela, José María Pomares, prestó ayer declaración en calidad de investigado en relación con una denuncia presentada por el concejal socialista, Víctor Ruiz, después de que su vehículo familiar, conducido por él, fuese sancionado hasta en 12 ocasiones entre el 28 de marzo y el 4 de julio pasado. Once de las multas se pusieron sólo en el plazo de 21 días y tres de ellas en un intervalo de 7 minutos. Todas están suscritas, como denunciantes, por el propio Pomares, por su mujer o por una amiga de ambos.

Por las multas el Ayuntamiento de Orihuela, a través de Suma, le reclama al concejal 2.400 euros y la Dirección General de Tráfico, 48 puntos del carné de conducir. Once de las denuncias, que se formularon vía teléfono, hacían referencia a que se había saltado una señal de stop en las inmediaciones de su domicilio. La otra, un ceda el paso.

La declaración del responsable policial no ha trascendido en su contenido, aunque el diario confirmó que el investigado se negó a responder a preguntas de la letrada de la acusación particular, que representa al concejal. Este se ha personado como acusación particular en este procedimiento judicial abierto de oficio por el juzgado tras recibir la denuncia.

En declaraciones a INFORMACIÓN cuando se hizo público este asunto, Pomares aseguró que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y tienen que pagar cuando cometen una infracción. También manifestó que la presentación de la denuncia le parecía una rabieta y recordó que él ha presentado dos querellas contra Ruiz por otras asuntos derivados de su gestión como responsable del área de Personal el pasado mandato.

Testigos

Además de la declaración de Pomares, ayer se produjo la de tres personas más, todas ellas como testigos, que aparecen en la denuncia. Se trata de las otras dos personas que suscribieron las denuncias, una de ellas la esposa del jefe de la Policía Local y, la segunda, una amiga de ambos; así como el agente de servicio que se encargó de su tramitación de todas ellas.

El equipo de gobierno del Partido Popular, que encabeza Emilio Bascuñana conoce este asunto pero no ha tomado medida alguna ni se ha pronunciado.