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Torrevieja

Un juez investiga si se perdonaron 300 multas en el último mandato del PP

Algunos policías aseguran que sus denuncias nunca se llegaron a tramitar

Un juez investiga si se perdonaron 300 multas en el último mandato del PP

El juzgado de Instrucción 4 de Torrevieja investiga una denuncia de agentes de la Policía Local por la supuesta ausencia de tramitación de los expedientes de 300 sanciones por incumplimiento de ordenanzas municipales, durante el último mandato del Partido Popular en el Ayuntamiento. De esas denuncias, 90 corresponden a multas por incumplimientos a la ordenanza de ocupación de vía pública por la instalación de terrazas en vía pública que contravenían, en aquel momento, la normativa vigente, y que no permitía contar con elementos fijos, anclajes, veladores y otros elementos, sin obtener licencia previa.

El resto, hasta 210, corresponden a multas impuestas mayoritariamente, entre mediados de 2012 y junio de 2015, por agentes del Grupo de Refuerzo Operativo (GRO) de la Policía Local, que centra su labor en labores de apoyo a la seguridad ciudadana, por distintos incumplimientos de la ordenanza de venta ambulante. En especial las multas recayeron sobre la actividad de los manteros, que trabajaban en el Paseo de Juan Aparicio, por realizar la venta sin licencia y con productos no autorizados en la ordenanza -las denuncias por infracción a la propiedad industrial o intelectual se remiten directamente al juzgado-.

Esas sanciones se registraron además en un periodo de especial conflictividad en la calle y de control de los manteros que ocupaban los espacios públicos más relevantes de la ciudad. Los policías se percataron que ninguna de las sanciones fue recurrida por los afectados, algo extraño teniendo en cuenta el volumen de expedientes, y constataron después, por fuentes internas del propio servicio policial, que no se habían tramitado. En el caso de las impuestas a los hosteleros, tuvieron confirmación del colectivo comercial y empresarios de que el equipo de gobierno se había comprometido a no instruir los expedientes.

El origen

La denuncia se dirigía contra el entonces alcalde Eduardo Dolón, la concejala de Seguridad en ese momento, Agustina Esteve, el edil de Ocupación de Vía Pública, Eduardo Gil Rebollo, y contra varios mandos y agentes de la Policía con responsabilidad en la tramitación, de la que, dice la denuncia, no existe reflejo posterior, más allá de su registro de entrada. La causa ya ha pasado por tres jueces distintos desde que se registrara en los primeros meses de 2015 -la interinidad de los togados en Torrevieja es uno de los problemas que se arrastra-.

De lo que sí tienen constancia los agentes denunciantes es que la Fiscalía dio su visto bueno a que el asunto de la sanciones de ocupación de vía pública se investigara junto a la denuncia de las infracciones por venta ambulante. Es el denominado Observatorio Ciudadano contra la Corrupción que ha dado a conocer este procedimiento para pedir al alcalde José Manuel Dolón (LV) que expediente a los mandos y agentes implicados en la supuesta paralización de la retirada de sanciones.

Y es que los casos de las sanciones a la hostelería y a la venta ambulante no fueron los primeros. El origen de todo este procedimiento es la denuncia de un agente en 2013 contra un mando, un inspector ya jubilado, por hacer desaparecer supuestamente una multa a una conocida -la propia sancionada se vanaglorió de que la multa iba a desaparecer en el momento en el que la se la impusieron-.

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