El Ayuntamiento de Orihuela se está gobernando desde hace ya muchos meses a base de levantamiento de reparos en una situación que se ha complicado este año por el retraso en la aprobación de los presupuestos y que se viene a sumar al problema del vencimiento de contratos que no se han renovado en los plazos previstos (caso del suministro de combustible), a los que ni tan siquiera han existido nunca (algunos seguros) o a que se sigue incumpliendo de forma reiterada las exigencias del departamento de Intervención (caso de las nóminas) para autorizar los pagos de forma regular siguiendo las recomendaciones de su titular, Fernando Urruticoeceha.
El equipo de gobierno gestionó durante los dos primeros meses del año la ciudad autorizando su alcalde abonos por un importe que alcanza los cinco millones de euros y que no tenían la aprobación inicial de este departamento fiscalizador del dinero público. Es lo que se conoce popularmente como «reparo», que se salva con el contrainforme de otro técnico, lo que sirve en definitiva, en este caso a Emilio Bascuñana (PP), para justificar el pago, muchas veces, porque el trabajo está hecho y así se certifica.
El volumen es tan importante en estos dos meses del año porque se incluye la nómina de todo el personal -1,2 millones de euros-, en la cual también se encuentra la plantilla que gestiona los residuos sólidos urbanos, que lleva ya cuatro años en una situación de completa interinidad. Pero también porque se pusieron reparos al pliego desde Intervención por cuestiones formales y de fondo -ya subsanadas- para el contrato de suministro de combustible para los camiones de la limpieza, que alcanzaba nada más y nada menos que los 964.000 euros.
El informe de estos dos primeros meses demuestra las miserias con las que se tiene que terminar gobernando un Ayuntamiento que pretende aprobar un presupuesto de 67 millones de euros este año. Problemas que, es cierto, en buena parte han sido heredados de anteriores gestores, aunque también hay que decir que en los diez meses que se llevan de este mandato parece que se han resuelto pocos problemas. Sería el caso del socorrismo, que no llegó a tiempo de adjudicación al no presentarse empresa alguna, y se tuvo que resolver con un parche y pidiendo a la anterior adjudicataria que salvara la Semana Santa a cambio de un contrato a dedo por 18.000 euros.
Arcas
El volumen de facturas con reparos que se levantan da una idea de cómo las arcas públicas oriolanas están cogidas con pinzas. En dos meses se han aprobado siguiendo esta formula nada más ni nada menos que un millar por valor de más de un millón de euros.
Hay algunas que son cíclicas porque todos los meses se ponen reparos, caso de Dinoco (18.900 euros, una cada 15 días). Este colectivo que agrupa a las familias de los niños que precisan atención temprana se ha convertido en un fijo en las reclamaciones porque por culpa de los retrasos y de que no se regularice su situación -algo que en septiembre era una prioridad para la concejala de Servicios Sociales y para el alcalde, que pretendían darle una solución en enero de 2016- vienen cobrando con un retraso para la resolución del expediente que la Seguridad Social termina por sancionarles por no hacer los ingresos de los seguros sociales de las trabajadoras en tiempo y forma.
Pero además y según los meses van apareciendo pagos anuales carentes de regulación en el Ayuntamiento desde tiempos inmemoriales. Sería por ejemplo lo que pasó en febrero con una póliza de seguro fija que está destinada a la defensa jurídica de los funcionarios y empleados municipales (10.670 euros), la subvención que Cultura se compromete a dar cada año al Obispado (30.900 euros) o los convenios de colaboración suscritos el pasado mandato con las iglesias de las Santas Justa y Rufina, Santiago El Mayor y el Santuario de Nuestra Señora de Monserrate (25.000 euros).
Y todos los meses, claro está, también se autoriza el levantamiento de otras facturas que llegan a intervención en paquetes y por las cuales el municipio recibe servicios basícos de forma irregular. En este apartado llama mucho la atención relaciones contables entre las que se encuentra desde el pago de la luz (235.000 euros y 124.000 euros) hasta el pago al vertedero de Piedra Negra (36.000 euros), al cual van a parar desde hace meses los residuos sólidos de la ciudad. O contratos porservicios que prestan mercantiles que suponen nada más y nada menos que 360.000 euros, con autobuses con dos empresas (65.000 y 31.000) o con compañías de telefonía que utilizan tanto los fijos de los funcionarios (12.300 euros) como los móviles de ediles y técnicos autorizados (5.000 euros).
