El Ayuntamiento de Orihuela también tiene también pendiente de abonar, aunque no por sentencia, la Casa del Inquisidor, de la cual se adeuda la mitad del precio de compra, acordado por la entonces alcaldesa, Mónica Lorente, que se fijó en cien mil euros en 2010. Tres años más tarde, el nuevo alcalde Monserrate Guillén (Los Verdes) inauguró en el solar la Oficina de Turismo, que ocupaba un módulo acristalado y sin uso. La Casa del Inquisidor, también denominada Palacio Ruiz de Villafranca y del siglo XVII, se encontraba afectada por el Plan Especial de Protección y Conservación del Centro Histórico de Orihuela, hasta que una pala la echó abajo, en 2002. La multa que impuso el área de Urbanismo, dirigido por Eva Ortiz, fue de 60.0000 euros, la máxima posible y que correspondía al doble del valor de lo construido, según una tasación de los técnicos.
