Un día después de que el Ayuntamiento de Callosa de Segura acordara en pleno la retirada de la Cruz de los Caídos, la oposición del Partido Popular, que votó en contra de esta medida, registró un recurso contencioso-administrativo para solicitar medidas cautelares y que se suspenda esa medida hasta que se aclare si la propiedad de la Plaza de España, en la que se emplaza el monumento, es de la Iglesia o del Ayuntamiento.

El líder de los populares callosinos, Javier Pérez, compareció ayer para explicar que el grupo municipal del PP «está más convencido de que esa Plaza sea de la Iglesia que del Ayuntamiento», lo que justifica que hayan acudido a los tribunales para bloquear la decisión de eliminar la Cruz adoptada por el gobierno local (PSOE, EU y Somos) y evitar que se actúe antes de dirimir esa cuestión. El concejal admitió que la citada Plaza está registrada como un bien municipal y que fue en torno a 2007, siendo él alcalde, cuando se inscribió en el citado inventario. Así, restó importancia a esta cuestión que calificó como un mero «trámite técnico» y dijo que eso «no quiere decir que se tenga la propiedad», ya que la parroquia local asegura que dispone de «su título de propiedad». Por todo ello consideró que «el Ayuntamiento no puede meterse en una plaza privada a hacer nada».

Eliminar el nombre

Independientemente de quién sea la Plaza, Pérez mantuvo su postura de que el citado monumento, que lleva inscrito el nombre del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, junto al de otros 81 callosinos fallecidos ligados al Bando Nacional, «no está afectado por la Ley de Memoria Histórica y bastaría con eliminar el nombre de Primo de Rivera».

«Es un monumento de estricto recuerdo privado y hay sentencias que avalan que puede permanecer», sentenció Pérez. El mismo apuntó que los nombres que aparecen son 81 y fueron «personas que no combatieron» en la Guerra». Especificó que 25 de ellos participaron en el intento fallido de liberar de la cárcel de Alicante a Primo de Rivera y los otros 56 fallecidos durante la contienda.

El edil valoró que el equipo de gobierno «no ha querido dialogar ni llegar a ningún acuerdo» y cree que quieren eliminar el monumento «por ser una Cruz», acusándoles de tener un afán de «odio y revanchismo». Pérez defendió que no se debería de cambiar el nombre del Colegio Nacional Primo de Rivera porque hace referencia al dictador Miguel Primo de Rivera y no a su hijo José Antonio, por lo que entiende que tampoco incumple la Ley de Memoria Histórica y que debería ser el Consejo escolar del centro el que, si así lo decide, impulse el cambio de nomenclatura.

Con lo que sí estuvo de acuerdo fue con el cambio de nombre de cinco calles vinculadas a personas relacionadas con la dictadura franquista porque «las leyes están para cumplirlas».