Los cuatro grupos municipales que conforman la oposición en el Ayuntamiento de San Fulgencio -APSFU, PIPN, PSOE y UPyD- registraron el pasado mes de febrero una petición al alcalde, Carlos Ramírez (Partido Popular), para la creación de una comisión de seguimiento de los contratos públicos que tiene suscritos el Ayuntamiento a fin de que «puedan ser auditados y realizar el control de su cumplimiento por todos los grupos políticos que tienen representación». En el documento, firmando por los ediles Mariano Martín, Joel Noche, Samantha Jayne, Rosario Mejías, Alejandro Sampere y Dennis Pilkington, se le advierte al regidor que «en la actualidad pueden estar produciéndose presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y fraude por incumplimiento reiterado de los contratos públicos». El regidor no quiso ayer contestar a estas acusaciones.
La decisión de la oposición de solicitar esta comisión se fundamenta en «la falta de transparencia, mentiras, no contestar a los escritos presentados u ocultar información» que está llevando a cabo el equipo de gobierno popular, que tiene la mayoría absoluta. Las supuestas irregularidades que quieren fiscalizar se estarían dando en cuatro contratos, siempre según la oposición. Se trataría del de Residuos Sólidos Urbanos, que finalizó hace cuatro años y por el que se han pagado más de 2,8 millones de euros «sin que exista ninguna relación contractual con la empresa que lo gestiona», asunto que ya puso en conocimiento del juzgado la oposición hace algunas semanas
Juicio oral
Otro asunto es el Club de Fútbol Sporting de San Fulgencio, por el cual está investigado el alcalde y pendiente de la fecha de apertura de juicio oral junto al edil de Deportes y al presidente de la entidad, que es al mismo tiempo secretario del PP en el municipio. La entidad gestiona actividades deportivas en el municipio al cabo de una serie de pagos que para la Fiscalía son irregulares al carecer de contrato durante los últimos años.
La oposición también quiere saber qué pasa con el mantenimiento y conservación de zonas arboladas, ajardinadas, vegetación de viales y recogida de podas, del cual «se cumplirán dos años de su finalización el 10 de mayo y por el que se ha pagado más de un millón de euros», añaden. Según los cuatro partidos firmantes, el pliego original se está incumpliendo pese a lo cual se paga a la mercantil. Además, aseguran que el regidor participa en las decisiones sobre a qué trabajadores se contrata. El cuarto y último contrato bajo sospecha de la oposición es el de gestión y mejora de la eficiencia energética de alumbrado público, que fue adjudicado por 15 años con una serie de mejoras y que, según la oposición, se está incumpliendo «como todos los demás», además de haberse perdido subvenciones para la sustitución de luminarias más eficientes.
En el escrito, los cuatro partidos advertían al regidor que debía dar su plácet a esta comisión y explicar en ella todos esos asuntos o, en caso contrario, acudirían a los tribunales.
