No existen documentos que lo corroboren, pero fue durante los años 40 cuando se decidió colocar una gran cruz en la Plaza de España. Cuentan que fue voluntad del pueblo ubicar ese monumento que, en origen, no disponía de ninguna inscripción. Pero en 1956 se decidió modificar su base de mármol blanco para incluir el nombre del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, y de los vecinos caídos durante la Guerra Civil luchando con el bando franquista. La inscripción costó 14.000 pesetas y se financió con cargo al presupuesto anual.
Según la documentación que obra en el registro del Ayuntamiento, esa decisión se adoptó en base a «una moción verbal de la providencia sobre la necesidad de grabar en la Cruz de los Caídos el nombre de todos ellos, así como introducir obras de reforma encaminadas a mejorar la estética de la misma».
El monumento incorporó así el nombre del líder de la Falange Española y el de otros callosinos que murieron en la contienda. El monumento se mantuvo intacto durante toda la dictadura franquista, la transición y la etapa democrática, e incluso ha ido incorporando mejoras en el pequeño jardín y el vallado que lo bordea.
Propiedad
La Cruz de los Caídos sobrevivió a la aprobación de la Ley de Memoria Histórica porque según el anterior gobierno local del PP, existía la duda sobre si ese monumento, e incluso la Plaza de España en la que se ubica, pertenece a la Iglesia o al Ayuntamiento.
Ahora, un informe emitido por el órgano de Secretaría certifica que la zona denominada como Plaza de España se encuentra incluida dentro del inventario general de bienes y derechos del Ayuntamiento, es decir, que es una propiedad pública. Pero eso es algo que no comparte la Iglesia. Tanto es así que hace tres días advirtió que dispone de «numerosos documentos que prueban que desde tiempo inmemorial la Parroquia de Callosa es propietaria de la Plaza de España».
En ese documento se expuso igualmente que «es conocido por todo el pueblo que el mantenimiento y su cuidado han venido siendo realizado por le Iglesia». Así, apoya este extremo en que «constan solicitudes del propio Ayuntamiento a la Iglesia para celebrar eventos culturales que, si fuera propietario de la plaza, no tendría motivo para hacerlo».
«Aunque el Ayuntamiento haya inscrito en el inventario de bienes esa plaza, ese inventario es un mero registro administrativo que ni prueba, ni constituye derecho alguno», valoraron desde la Iglesia. Por todo ello, se emplazó al consistorio a que se pronuncie sobre de quién es la propiedad de esa Plaza y a quién corresponde su mantenimiento, advirtiendo que, independientemente de lo que se diga, se reservan su derecho a reclamar ante los tribunales competentes.
El equipo de gobierno deslizó ayer que aun así llevará a cabo su retirada aunque intentando buscar consenso con la Iglesia.
