El exalcalde de Catral, Aurelio Albero (PP), ha declarado ante el juez en calidad de investigado (antes denominado imputado) por un presunto delito de prevaricación por omisión administrativa y urbanística al haber permitido supuestamente la actividad del mercadillo «El olivo», que operó durante cerca de dos años y medio en una finca rústica del municipio sin contar con ningún tipo de licencia de apertura ni actividad.
La declaración de Albero en el juzgado de instrucción Número 2 de Orihuela se realizó a petición del fiscal, que considera que como primer edil consintió el desarrollo de la actividad de venta ambulante todos los martes y domingos desde el 21 de noviembre de 2010 hasta que fue cesado de sus funciones como regidor el día 6 de marzo de 2013. La denuncia por estos hechos fue registrada por la anterior portavoz del PSOE.
Según la documentación enviada por la Generalitat al juzgado, el Plan especial que se estaba tramitando para habilitar legalmente la actividad del mercadillo nunca se aprobó ni tampoco se concedieron otras autorizaciones para desarrollar la actividad de venta. El Ministerio fiscal considera que las medidas adoptadas por el consistorio para restaurar la legalidad urbanística «manifiestamente quebrantada» fueron la tramitación de tres expedientes que, de una u otra forma, acabaron caducando sin adoptar ninguna medida al respecto y a pesar de que existían varios informes de la Policía y de los técnicos que alertaban de que se estaba produciendo una irregularidad. Sin embargo ninguno de esos expedientes sancionadores se concluyó y el mercadillo siguió operando con normalidad. No fue hasta el 26 de marzo de 2013, cuando cogió las riendas de la corporación un nuevo equipo de gobierno, cuando se dictó la clausura de la actividad por considerarse irregular.
La Fiscalía Anticorrupción considera que «no es cierto que el denunciado (el exregidor) hiciera todo lo posible dentro de sus competencias, dado que no bastaba con que acordara la mera caducidad de los expedientes, sino que el alcalde es el encargado de velar por la adecuada ejecución de los acuerdos de la junta de gobierno local», en relación al inicio de esos expedientes sancionadores. A este respecto apunta que «si nunca se ejecutaron fue responsabilidad de Aurelio Albero».
«No puede considerarse que los hechos sean constitutivos de una mera infracción administrativa dado el comportamiento obstaculizador manifestado por Aurelio Albero, dada su pasividad», sostiene el fiscal, que prosigue que el equipo de gobierno que sucedió al PP consiguió resolver este asunto en tan solo dos meses.
Sin control
La Fiscalía concluye que Albero, «al consentir el desarrollo de la actividad ilegal estaba permitiendo una actividad de venta ambulante con gran afluencia de público, mediante la venta de diferentes productos, e incluso objetos de sustracciones, sin que la misma estuviera sometida a control ni fiscalización alguna, pudiendo resultar afectada la seguridad de los que acudían» a ese mercadillo.
Albero está salpicado por otro procedimiento judicial relacionado con la contratación supuestamente ilegal del excontable municipal que, al parecer, sustrajo 10.000 euros de dinero público. Por estos hechos se pide una pena de 12 años de inhabilitación para Aurelio Albero y 10 años y medio de prisión para el excontable.
