Sin agua no crecen las alcachofas ni las patatas ni los limones y eso es algo que saben muy bien los agricultores de una de las zonas más castigadas por la escasez de recursos hídricos. Las 17 comunidades de regadío tradicional de la Vega Baja, las que beben del agua del Segura, están en pie de guerra con la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) por la gestión que se está haciendo del agua con la que vienen creciendo sus cultivos desde hace siglos. Los regantes critican que dicho organismo haya acordado ceder 30,7 hectómetros cúbicos a los que se nutren del trasvase del Tajo y que se esté sopesando ahora la operación de venta de otros 30 hm3 propuesta por Cieza. Alegan que los niveles de reserva de la cuenca son críticos -380 hm3 - y se preguntan qué pasará si no llueve en los próximos meses.
«Lo que está claro es que el campo no se riega con billetes». Se trata de una frase acuñada por el juez del Juzgado de Aguas del Azud de Alfeitamí de Almoradí, Carlos Barrera, uno de los representantes de los agricultores que se niegan a la venta de agua. Barrera es un profesor jubilado de 78 años, licenciado en Derecho y desde hace un año está al frente del juzgado almoradidense. Junto a los compañeros del resto de juzgados de aguas de la Vega, ha decidido emprender una lucha para garantizar sus derechos de riego, que según considera se ven amenazados «por el fuerte lobby que forman las grandes empresas que utilizan el agua del trasvase para cultivar grandes extensiones de terreno». Así, se oponen a esa cesión de agua porque «no existen reservas suficientes para garantizar el riego de las cosechas de primavera y verano» y al estimar que debería estar prohibido «hacer negocio con un bien público como es el agua».
«¿Con qué cara iremos a pedir agua cuando haya sequía si actualmente la estamos vendiendo por dinero?», se pregunta Barrera.
Tensión
La tensión entre los regantes que reciben agua del trasvase del Tajo y los que riegan del Segura ha ido creciendo en el último año. Desde la aprobación del Memorándum del Tajo-Segura, que limitó las aportaciones de agua, los regantes del trasvase buscaron alternativas y tantearon la posibilidad de comprar agua a los del Segura. La propuesta llegó hace meses a la Vega Baja y dividió en un principio a los regantes. Mientras algunos se dejaron seducir por la posibilidad de aumentar sus ingresos con esa venta de agua, otros como Barrera se opusieron al estimar que «sólo podía vender agua aquel que le sobra» y al temer que «se sentaría un precedente que podría acabar perjudicando a las 30.000 familias que viven de la agricultura en el sur alicantino». Finalmente ganó la opción del «no» y se acordó que se les daría agua gratis siempre que hubiera excedentes. La solución impuesta entonces por la CHS levantó ampollas en la Vega. La razón fue que les dio agua de los embalses de cabecera mientras a los riegos tradicionales se les compensó con la puesta en marcha de pozos de sequía, que contienen un agua «de peor calidad».
Esa misma situación podría repetirse a corto plazo porque la CHS ha decidido volver a cederles 30,7 hectómetros cubicos del Sinclinal de Calasparra. Los regantes tradicionales de la Vega aseguran que antes de aprobarse esa medida exigieron a la CHS que se realizara el pertinente estudio de impacto ambiental para calcular el perjuicio de la extracción de agua pero «no nos hicieron ni caso». El juez Barrera de Almoradí incide en que aportaron incluso un estudio del Instituto Geológico y Minero de España sobre el sinclinal de Calasparra que determinó que extrayendo 30 hectómetros cúbicos se precisaban 9 años para que los niveles del acuífero se recuperaran. «Ni siquiera se dignaron a contestarnos», prosigue.
«No son conscientes»
Barrera estima que muchos de los agricultores de la Vega Baja «no son conscientes de la grave situación que existe porque, hoy por hoy, tienen agua para regar sus cultivos». Pero la situación podría cambiar en poco tiempo y entonces ya será tarde porque los «los pozos de sequía ya se están sobreexplotando».
Por todo ello, las 17 comunidades de riego de la Vega han decidido financiar una batalla en los tribunales contra la CHS al considerar que se está cediendo un agua de la cuenca del Segura a los regantes que sólo tienen aprobada la concesión de agua del Tajo. En este sentido el juez del Juzgado del Azud de Alfeitamí esgrime que hay varias sentencias del Tribunal Supremo que apuntan a que los regantes del trasvase pertenecen a la cuenca del Segura pero sólo porque el agua que reciben del Tajo llega hasta esa cuenca, lo que no implica que tengan derecho de uso del agua que no es trasvasada. «Lo más importante es que estamos más unidos que nunca para defender nuestro derecho al agua y no ceder ante las presiones que estamos recibiendo», concluye.
