La adjudicataria de la construcción y explotación de la desalinizadora de Torrevieja, Acciona, reclamó el pago de 17 millones de euros de sobrecostes irregulares sobrecostes irregulares a la empresa pública estatal Acuamed. La sociedad estatal acabó pagando 10 millones de euros, según se desprende del auto del juez Eloy Velasco por el que ordenó el ingreso en prisión sin fianza de la cúpula de Acuamed y el de algunos responsables de empresas.
La obra se adjudicó por 215 millones a los que hay que sumar 80 por el periodo de explotación. Del montante total, 50 millones se sufragaban con fondos europeos. En este sentido la resolución judicial dice que con la «presión» de «pretender cobrar» esos fondos europeos se dejó «libertad de ejecución a la contratista con tal descontrol de la obra» y que la empresa llegó a afimar por «algunos técnicos conniventes» que la actuación estaba acabada cuando «no era así».
Los responsables de la adjudicataria presentaron datos a Acuamed en los que se señalaban discrepancias en mediciones «que eran mentira». En concreto, sobre la obra ejecutada en el Dique de Poniente para instalar los tubos de captación y sobre la longitud de los emisarios de evacuación de salmueras, situados en la cara externa del dique de Levante del puerto de Torrevieja. También se indica en el auto del juez que la mercantil presentó reclamaciones de liquidación «con partidas hinchadas, mediciones incorrectas» con el objetivo «que se le facturaran 17 millones de euros más aunque al final (los responsables de Acuamed ahora en prisión sin fianza) «lo dejaron en 10».
De hecho, según el auto, Acciona presentó ese fin de obra cuando faltaban ajustes, remates o había bombas con fisuras, entre otras deficiencias. La liquidación que pretendía la empresa causaba 3 millones de euros de perjuicio a la administración pública.
La obra de la desalinizadora, que el propio auto del juez Velasco reseña como la más grande de Europa, comenzó a construirse en febrero de 2007 y a operar en pruebas a principios de 2013. Produjo su primer hectómetro en enero de 2014, aunque en ese momento no tenía clientes para dotar de agua. Ante la falta de agua del Tajo el Gobierno improvisó un acuerdo para que esta desalinizadora produzca 30 hectómetros de agua para el regadío en un año. Algo menos de un 40% de su capacidad de producción prevista y gracias a la subvención del metro cúbico para rebajarlo a 0,30 céntimos el metro cúbico.
